La política exterior del Gobierno sumó nuevos tropiezos en foros globales y dejó a la Argentina en una posición incómoda. La delegación nacional quedó fuera del consenso en el G20 y se ubicó en un grupo reducido y cuestionado en la Asamblea General de la ONU. Los argumentos oficiales no disiparon el impacto de decisiones que debilitaron la presencia del país en espacios donde se definen líneas centrales de la gobernanza mundial.

La primera controversia surgió en la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo. Argentina se negó a acompañar el documento final y explicó su postura con dos razones. La Cancillería sostuvo que la declaración circuló “sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros”. El equipo diplomático insistió en que el G20 solo conserva legitimidad si respeta la regla del consenso. El segundo punto de quiebre fue el enfoque del texto sobre Medio Oriente. Según la postura oficial, el planteo resultó “parcial”. El Gobierno afirmó que la declaración omitió el marco regional y las causas estructurales del conflicto. Para la representación argentina, esos elementos resultaban esenciales para avanzar hacia una paz “genuino, sostenible y equilibrado”.

El rechazo nacional en el G20 dejó un resultado evidente: la Argentina quedó fuera de la posición común en un foro que reúne a las principales economías del planeta. La explicación técnica del Gobierno no logró neutralizar la lectura política. La mayoría de los miembros avaló el documento y observó la conducta argentina como un gesto aislado en un contexto que exigía acuerdos amplios.

El segundo episodio ocurrió en la Asamblea General de la ONU. Allí, la Argentina votó en contra de una resolución destinada a prevenir y erradicar la tortura. La decisión alineó al país con Estados Unidos e Israel. La resolución, que solía aprobarse por unanimidad, registró este año tres votos negativos. La postura argentina se integró a un grupo reducido y dejó al país fuera de la tradición histórica en materia de derechos humanos. La senadora Juliana Di Tullio cuestionó la decisión y afirmó en X que “el gobierno votó en contra de la prevención y eliminación de toda forma de tortura rompiendo el pacto democrático que se construyó en nuestro país desde 1983”. El ex embajador Roberto Carlés reforzó el señalamiento y destacó que “por primera vez en años, la resolución trienal de la ONU contra la tortura (históricamente aprobada por consenso) debió someterse a votación. Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra. Además de ser triste para un país con nuestra historia, este seguidismo diplomático es contraproducente: las grandes potencias no respetan a los arrastrados”.

La votación se produjo pocos días después de la presentación del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ante el Comité contra la Tortura. En esa instancia, Baños atacó a organismos de derechos humanos y minimizó la represión de la última dictadura. Defendió además la idea de una “memoria completa”. La exposición dejó un mensaje alineado con la orientación oficial. Los funcionarios del Ministerio de Seguridad repetieron ese enfoque en la ONU y defendieron el protocolo antipiquetes. Esa postura avaló un esquema de actuación policial que afectó a periodistas, jubilados, personas con discapacidad y niños. El mensaje del Gobierno fue claro: prioridad absoluta a la lógica de orden público por encima de la tradición argentina en derechos humanos.

El saldo de estas decisiones marcó un patrón. La política exterior del Gobierno exhibió aislamiento, improvisación y una fuerte dependencia de los lineamientos de Washington. El costo diplomático fue inmediato. El país perdió influencia en los debates del G20 y se alejó del consenso global en la ONU. La Cancillería intentó justificar cada movimiento, pero los resultados dejaron una señal concluyente: la Argentina retrocedió en los espacios donde debía fortalecer su presencia internacional.