Fundada 2005, la alianza federal formada por movimientos de mujeres, políticos y sociales conocida como Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, ha presentado seis veces el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados. Este año, y en el marco de los preparativos para el Paro Internacional de Mujeres convocado el próximo #8M, la organización se manifestó en diversas ciudades del país para que, por séptima vez, el proyecto -que a pesar de tener el apoyo de al menos 60 legisladores nunca llegó al recinto- sea tratado en la cámara baja. "Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia” fue uno de los ejes del reclamo que tuvo lugar en ciudades de todo el país.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 las víctimas por causas maternas fueron 243: 43 por embarazos finalizados en abortos clandestinos; el resto, por enfermedades que se profundizaron con el embarazo o fueran provocadas por el mismo. Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en el país.

Desde la Campaña una de las consignas de bandera fue "decirle al Congreso que nuestros derechos no están discusión; exigimos el tratamiento y aprobación de nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)". El IVE garantiza en Argentina el aborto legal sólo si la vida o la salud de la mujer corre riesgo, o bien si hubiese sido violada. No obstante, sólo ocho provincias cuentan con los protocolos de atención para abortos no punibles.

Según Agustina Ramón Michel, investigadora del CEDES y una de las fundadoras de REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro-Argentina): "El tema está en las universidades y la sociedad lo está viendo de otra manera. Los legisladores tienen la responsabilidad de dar el debate. El divorcio, la muerte digna, el matrimonio igualitario tuvieron resistencia, pero luego de ser debatidos se convirtieron en leyes".