El Gobierno nacional enfrenta un nuevo foco de tensión a partir de la detención de Facundo Leal, un ex funcionario que ocupó cargos estratégicos durante distintas administraciones y que también conservó influencia dentro del Estado durante la gestión de Javier Milei. Lo que comenzó como una investigación vinculada a presuntas irregularidades en ARSAT terminó con allanamientos, millones de dólares secuestrados, drogas sintéticas y una serie de elementos que elevaron la gravedad del expediente.

La situación generó incomodidad en el oficialismo. Aunque desde distintos sectores del Gobierno buscaron presentar a Leal como un funcionario heredado de etapas anteriores, su paso reciente por organismos clave dificulta cualquier intento de desvinculación absoluta.

El dato que más preocupa en algunos despachos oficiales no es únicamente el dinero encontrado, sino la información que podría surgir del análisis de computadoras, teléfonos celulares, documentación y dispositivos electrónicos secuestrados por la Justicia.

La causa avanzó desde una denuncia relacionada con equipamiento tecnológico de ARSAT. Con el correr de los meses, los investigadores siguieron distintas pistas que desembocaron en el entorno de Leal. Los procedimientos judiciales revelaron una dimensión inesperada.

En un departamento de Palermo aparecieron más de 650.000 dólares en efectivo, pesos argentinos, monedas extranjeras y una importante cantidad de drogas sintéticas. Entre las sustancias secuestradas figuraron ketamina, cristal MDMA, pastillas de éxtasis y cocaína. A eso se sumó otro hallazgo todavía más impactante: en Mendoza, la Justicia encontró cerca de 1,7 millones de dólares en una propiedad vinculada al ex funcionario.

Sin embargo, los investigadores también encontraron elementos que agregaron otro componente al expediente. Entre los objetos secuestrados figuraron equipos profesionales de espionaje capaces de registrar audio y video ocultos en objetos de uso cotidiano, además de un teléfono satelital y un inhibidor de señales destinado a bloquear comunicaciones móviles, redes WiFi y sistemas GPS.

La aparición de ese equipamiento abrió nuevos interrogantes sobre las actividades desarrolladas por el ex funcionario y sobre el alcance de la red de relaciones que construyó durante años dentro de la estructura estatal.

Leal desarrolló gran parte de su carrera en áreas vinculadas a telecomunicaciones, transporte y regulación. Llegó a la presidencia de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández y permaneció en funciones después del cambio de administración. Más tarde desembarcó en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), uno de los entes con mayor influencia sobre el negocio aerocomercial.

Su permanencia a través de gobiernos de distintos signos políticos llamó la atención incluso antes de que estallara el escándalo. Ahora, esa trayectoria se convirtió en una de las claves de la investigación.

La Justicia también puso la lupa sobre otros ex funcionarios y ex directivos ligados a ARSAT. Entre ellos aparecen nombres de origen mendocino que ocuparon posiciones relevantes en organismos nacionales y que integraban un mismo círculo de confianza profesional y política.

Para la Casa Rosada, el riesgo principal radica en que el expediente deje de concentrarse exclusivamente en Leal y avance sobre las conexiones que le permitieron conservar poder e influencia durante tantos años.

Ese escenario explica el silencio que predominó en las últimas horas dentro del oficialismo. A diferencia de otros escándalos internos, esta vez casi ningún sector salió a fijar posición públicamente. La estrategia consistió en tomar distancia y evitar una discusión que podría escalar a medida que avancen los peritajes.

Los próximos movimientos judiciales resultarán determinantes. El análisis de los dispositivos secuestrados podría aportar información sobre contactos, operaciones y vínculos construidos alrededor de organismos clave del Estado.

Por ahora, la causa ya provocó un fuerte impacto político. Y aunque el Gobierno intentó presentar a Leal como una figura ajena a su esquema de poder, la combinación de dólares, drogas, equipos de espionaje y cargos ocupados durante la gestión libertaria amenaza con transformarse en otro escándalo de corrupción capaz de golpear el discurso oficial sobre transparencia y renovación política.