Organizaciones que trabajan en el sistema de atención a personas con discapacidad realizaron este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación para denunciar incumplimientos en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y reclamar por atrasos en los pagos a prestadores.

La protesta la impulsó el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con apoyo del Sindicato de Choferes Particulares. La concentración comenzó por la mañana en la intersección de 9 de Julio y Belgrano, en el centro porteño. Cuando los manifestantes ocuparon la calle Moreno frente al ministerio, la Policía avanzó para liberar el tránsito.

Desde el Foro advirtieron que la situación financiera de los prestadores alcanzó un nivel crítico por las demoras en los pagos de programas clave del sistema. En un comunicado señalaron que “a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”.

Las organizaciones afirmaron que el problema impactó de manera directa en la atención de miles de personas con discapacidad en todo el país. En ese marco remarcaron: “impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos. No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”.

El reclamo también se replicó en Rosario. Allí, prestadores y entidades del sector marcharon hacia la sede de Gobernación en la Plaza 25 de Mayo. La convocatoria la encabezó la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), que describió el panorama como “desesperante” para las organizaciones que sostienen tratamientos, talleres y traslados.

La protesta se sumó a una carta pública que el coordinador del Foro, Pablo Molero, dirigió al presidente Javier Milei. En ese texto cuestionó el discurso que el mandatario pronunció al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Según Molero, en ese mensaje “no haya lugar para las personas con discapacidad. La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras, su gobierno desde el inicio ha tomado medidas que las han desprestigiado, que han puesto en crisis los apoyos que necesitan para poder desarrollarse y que no tienen en la generación de oportunidades que les permitan incluirse en todas las dimensiones de la vida social”.

El dirigente también criticó las auditorías sobre pensiones y el atraso de los aranceles que perciben los prestadores. En ese punto sostuvo que las decisiones del Ejecutivo “han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida. Ellas fueron convocadas a una auditoría inadecuada y ofensiva para su dignidad. Por otro lado sus decisiones complicaron aún más la difícil situación que arrastraban los prestadores por tener aranceles por debajo de la inflación generada en el período diciembre 2023 a diciembre 2024”.

Molero recordó además el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, que luego el Congreso ratificó. Según expresó, “como no tenía ningún interés en dar respuesta a este sector de la población, en el mismo decreto que la promulgó también la suspendió por falta de recursos, que sí han existido para otras áreas. La Justicia falló en contra de esta medida y lo obligó a reglamentar la ley y ponerla en ejecución”.

El coordinador del Foro también detalló la situación de los pagos dentro del sistema. Afirmó que “su gobierno estableció un aumento de aranceles para las prestaciones en tres tramos. Hasta el momento Incluir Salud no ha pagado el mes de octubre a una gran parte de los prestadores. El PAMI, el último mes que pagó, fue noviembre. Las obras sociales y prepagas siguen con su ritmo de 60 a 90 días, lo que ha puesto a los prestadores en una muy difícil situación económico-financiera que repercute en las personas con discapacidad”.

En el mismo documento sostuvo que la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó recursos que estaban disponibles para el sector. Según precisó, “el atraso de pago de Incluir Salud es incomprensible porque la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones”.

Molero cerró la carta con un mensaje directo al Presidente: “Sr. Presidente, esta situación es fruto de su política. Usted puede tener su manera de pensar, pero al asumir no juró sobre sus ideas sino sobre la Constitución Argentina, que establece que se deben tomar medidas positivas hacia este sector, que espera de su gobierno respuestas concretas ya”.