Una denuncia judicial, acusaciones mediáticas sin pruebas exhibidas y un grupo que actuó sin ser detenido en el momento alimentan las sospechas sobre el operativo en Plaza Congreso. Entre la hipótesis de infiltrados y la teoría de una “zona liberada”, la represión reabrió el debate sobre si los disturbios fueron funcionales para desalojar la protesta y cambiar la imagen de una plaza colmada por la de la violencia.
En las organizaciones de izquierda no dudan: fueron infiltrados. “Nadie arma una bomba molotov delante de todos. Si alguien lo hace, la lleva preparada. Acá lo hicieron de manera descarada, para que se vea”, sostienen. La tesis apunta a que el objetivo fue construir la escena necesaria para justificar el avance policial y cambiar la narrativa de una plaza colmada de trabajadores por la de un “grupito violento”.
Otros dirigentes gremiales no descartan que los autores hayan sido militantes anarquistas o de izquierda. Pero aun bajo esa hipótesis, señalan una responsabilidad central: las fuerzas de seguridad los habrían dejado actuar durante largos minutos. “El camión hidrante apuntaba cerca, pero no los movió ni un milímetro. Rompieron veredas sin que nadie interviniera. La estrategia fue permitirlo para luego usarlo como excusa y vaciar la plaza”, describen.
El video y las acusaciones
Veinticuatro horas después, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video en el que acusó con nombre y apellido a cuatro supuestos responsables y habló de un intento de “desestabilización”. En tono enfático, aseguró contar con pruebas contundentes contra los señalados.
Sin embargo, en la denuncia formal presentada por el Ministerio no figuran esos nombres y, en el apartado IV —Pruebas—, se consigna que el organismo “se encuentra en pleno proceso de análisis” de los hechos para evaluar los elementos de convicción. Es decir, al menos por ahora, no se incorporaron evidencias concretas en el expediente.
💥 LOS INFILTRADOS DE SIEMPRE
🗨️ «Si uno sigue la secuencia pasa prácticamente una hora y media entre que el grupo de encascados se conforma junto a la valla policial por Avenida Rivadavia»
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Además, los cuatro mencionados en el video no fueron detenidos durante el operativo. Las aprehensiones realizadas —cerca de 30 en un primer momento— recayeron sobre personas que se encontraban en calles cercanas, y al cierre de la jornada apenas cinco continuaban detenidas, una de ellas por tenencia de marihuana para consumo personal.
El grupo de siete y las sospechas
Según esa presentación, alrededor de las 15.30 un grupo de siete personas “perfectamente sincronizadas” comenzó a arrojar piedras y preparar bombas molotov contra los vallados. El escrito describe que llevaban mochilas, capuchas y cascos, que se protegían detrás de maderas —uno incluso utilizando una bandera de DirecTV como escudo— y que, mientras el resto de los manifestantes se replegaba, ellos quedaban aislados y a la vista de todos. Las imágenes circularon por medios, drones y redes sociales, y también habrían sido captadas por cámaras del comando unificado.
El punto central de la sospecha es que, pese a tratarse —según el abogado denunciante— de un delito en flagrancia, ese grupo no fue detenido en el momento. Los camiones hidrantes no apuntaron de lleno contra el núcleo de personas refugiadas tras las maderas y los gases lacrimógenos se lanzaron lejos del lugar. Cuando finalmente se avanzó para despejar la plaza, las detenciones recayeron sobre otras personas, incluso en calles aledañas y sobre la avenida 9 de Julio.
“Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido y aislado, no hayan sido detenidos de inmediato”, sostiene la denuncia, que incluso plantea un posible incumplimiento de deberes de funcionario público por no ordenar la inmediata aprehensión. También solicita que se preserven y secuestren las grabaciones de las cámaras oficiales y que se informe quiénes fueron los responsables jerárquicos del operativo.
El antecedente que alimenta la sospecha
La hipótesis de los infiltrados encuentra antecedentes en hechos anteriores donde episodios violentos no terminaron con responsables identificados. Para sectores opositores, eso refuerza la sospecha de que determinados disturbios funcionan como disparadores para justificar operativos de mayor escala.
La construcción de la escena
Bajo cualquiera de las dos hipótesis —infiltrados o militantes a los que se dejó actuar— el efecto fue el mismo: la imagen de la plaza repleta quedó desplazada por la de los disturbios. La acusación oficial incluyó delitos graves como atentado al orden constitucional y daños para provocar terror, aunque en la propia denuncia se reconoce que las pruebas aún están en análisis.
El resultado político fue inmediato: la discusión pública dejó de centrarse en la multitudinaria protesta contra la reforma laboral y pasó a girar en torno a las molotov, los disturbios y las detenciones. En ese marco, para la oposición, la llamada “operación molotov” no fue un desborde aislado, sino una pieza clave en la disputa por el relato y el control de la calle.
