El Gobierno oficializó una reforma integral de la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de cuatro decretos que actualizan leyes orgánicas, estructuras y competencias.
Los documentos firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establecen plazos de noventa días para la presentación de proyectos de reglamentación y adecuación interna de cada fuerza, y confirman que las designaciones actuales de jefes y subdirectores continúan vigentes mientras se completan los procesos de transición.
Según indican las normas publicadas en el Boletín Oficial, la actualización de estos regímenes forma parte del plan de reorganización de la seguridad que el Gobierno impulsa para alinear la estructura y competencias de cada fuerza federal con estándares internacionales, reforzar la profesionalización del personal y modernizar el control sobre delitos que afectan las fronteras, los espacios marítimos, la aviación civil y el sistema penitenciario.
Gendarmería Nacional
Según el anexo del Decreto 454/2025 que aprueba el nuevo estatuto de la Gendarmería Nacional, la fuerza ahora podrá actuar en el ciberespacio y combatir el ciberterrorismo, además de ejercer su rol tradicional en las zonas de frontera. También podrá participar en misiones internacionales y proteger embajadas.
También presentará una nuestra estructura con nuevas dependencias, reglas actualizadas de ascensos y mayores atribuciones en investigación criminal e inteligencia, para lo cual contará con acceso a bases de datos públicas y privadas.
Prefectura Naval Argentina
El Decreto 457/2025 establece modificaciones en la Ley N°18.398 que fijó la misión y las funciones de la Prefectura Naval Argentina. La actualización indica que ahora ejerce el servicio de Policía de Seguridad de la Navegación, Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, Policía de Seguridad y Protección Marítima, Policía Judicial, la Jurisdicción Administrativa de la Navegación y demás atribuciones que le asignen otras leyes o decretos.
“En el ejercicio de sus potestades regulatorias y administrativas, deberá aplicar los principios de celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia, así como evaluar el costo beneficio de las medidas que adopte, su impacto económico y las buenas prácticas internacionales”, agrega la normativa.
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Las modificaciones establecidas por el Decreto 456/2025 impactan en la estructura, las funciones y el régimen del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además de su deber tradicional ahora también tendrá como misión la protección de la Seguridad del Estado en el ámbito jurisdiccional aeroportuario, mientras que por pedido del Ejecutivo Nacional podrá brindar otros servicios relativos a la seguridad interior y también asumir la responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte.
Además, entre sus funciones, ahora está la de prevenir los delitos atentatorios contra la seguridad aeroportuaria y la seguridad de la aviación civil, mediante investigaciones, análisis e inteligencia criminal, guiadas por la información, de manera proactiva y en la medida en la que lo autoricen las leyes sobre la materia en el marco de políticas determinadas por el Ministerio de Seguridad Nacional y como auxiliar de la Justicia.
Servicio Penitenciario Federal
El Decreto 455/2025 reemplazó el marco normativo del Servicio Penitenciario Federal. El Gobierno consideró que resultaba necesario modernizarlo “para optimizar su funcionamiento, fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios que lo integran y promover su profesionalización y bienestar, así como también garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad, implementando un servicio renovado y eficiente, acorde con las exigencias del servicio”.
Además, la normativa instruyó al Ministerio de Seguridad Nacional a “realizar las gestiones pertinentes para proceder a la desafectación del uso penitenciario de los inmuebles sobre los cuales se emplazan establecimientos penitenciarios situados en zonas urbanas y gestionar su reubicación”. (DIB)
