La diputada oficialistas Graciela Ocaña tiene en la mira a los sindicalistas, días atrás había pedido al juez Bonadio que investigue al titular de SUTERH, Víctor Santa María. Ahora elevará un pedido al magistrado para ampliar la causa contra Hugo Moyano por vaciamiento de la obra social de Camioneros.

Se habría llevado 35 millones de pesos, los cuales habrían sido distribuidos en distintas empresas pertenecientes a su familia. Dentro de la causa, Ocaña también busca incluir el lavado de dinero.

La diputada solicitó la intervención de la obra social de Camioneros ya que presenta una quiebra de 636 millones de pesos. Desde hace cuatro años que solo registra pérdidas, contrariamente con lo que ocurre en las empresas del grupo Moyano.

En el escrito que presentará Ocaña, y al que tuvo acceso Clarín, se detalla cómo Moyano giró fondos de la obra social a empresas como IRAI SA, DIXEY SA, Organización de Seguridad Las Marías SA, SELCA SRL y ACONRA SA.

El líder sindical había logrado que el gobierno de los Kirchner le diera un subsidio particular: la devolución de las cargas sociales a todas aquellas empresas que sumaran a camioneras a su planta. “Se aplicó desde el año 2004 hasta el año 2012 y costo miles de millones a todos los argentinos. Permitiendo al Gremio de Moyano aumentar sus afiliados de 40.000 a casi 200.000”, explica Ocaña en el documento.

Hacia el final, la diputada detalla cómo es la operatoria. “Esta estructura encubre una integración horizontal que tiene como objetivo blanquear el dinero a favor de los Moyano, el sobreprecio pasa de una empresa a la otra a través de operaciones cruzadas de préstamos, mutuos, alquileres de inmuebles, compra de acciones y venta de servicios entre ellas. En el camino se oculta el origen ilícito de los fondos que provienen de la defraudación a la obra social y por tanto a fondos públicos”.