El gobierno bonaerense avanzó con las conversaciones para modificar la ley de seguridad provincial y uno de los puntos que más tensión generó fue el alcance que tendrán las policías municipales. Axel Kicillof habilitó al ministro de Seguridad, Javier Alonso, para encabezar las reuniones con intendentes del conurbano y del interior, que buscaron ampliar el margen de decisión sobre las fuerzas que ya funcionan en sus distritos.

La discusión giró alrededor de dos ejes centrales: la autonomía política de los municipios en materia de seguridad y el financiamiento que necesitarán para sostener las nuevas estructuras. En la mayoría de los municipios existen áreas locales vinculadas a patrullaje, monitoreo o prevención, aunque cada distrito funciona con criterios distintos y sin una regulación uniforme.

Desde el Ejecutivo provincial plantearon la necesidad de consolidar por ley facultades que hasta ahora quedaron sujetas a convenios o decretos. Un funcionario del Ministerio de Seguridad explicó que uno de los objetivos fue “formalizar por ley todo lo que está descentralizado en los municipios que se hace a través de convenios o decretos, como el funcionamiento de centros de monitoreo, acceso al 911 y al movimiento y control de patrulleros”.

En la Gobernación consideraron que esa herramienta permitirá evitar retrocesos ante futuros cambios políticos. “Así, evitamos que venga otro gobierno y borre de un plumazo todo lo que avanzamos”, señalaron desde el área de Seguridad.

En paralelo, varios intendentes valoraron la apertura de la negociación antes del ingreso del proyecto a la Legislatura bonaerense. Uno de los jefes comunales involucrados en las conversaciones sostuvo: “Es un avance muy importante que el gobernador haya abierto el diálogo y no sea un proyecto que se presente a libro cerrado”.

Kicillof también defendió el proceso de discusión pública. Días atrás remarcó que “hay mucho ya desarrollado” en distintos municipios y afirmó que el objetivo oficial apuntó a “llegar a acuerdos” antes del envío formal de la iniciativa parlamentaria. Además, pidió un esquema ordenado y coordinado con la Policía Bonaerense. “El tema es que esté ordenado, organizado, que las competencias sean muy claras y que la formación y los requisitos sean coordinados con la fuerza de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el mandatario.

Uno de los debates más sensibles apareció alrededor del uso de armas por parte de las fuerzas locales. En varios municipios las guardias urbanas no utilizan armas de fuego y algunas administraciones avanzaron con dispositivos de baja letalidad, como las pistolas Taser. Sin embargo, algunos intendentes reclamaron ampliar las facultades operativas de esos cuerpos.

En el Ministerio de Seguridad buscaron poner límites. “No cualquiera puede usar un arma de fuego”, remarcaron cerca de Alonso. En la Provincia insistieron con la necesidad de imponer controles estrictos sobre la capacitación del personal. “En la (escuela de Policía) Vucetich se anotan cien mil y de esos egresan 30 mil, no puede terminar siendo que el rechazado de La Bonaerense termine ahí”, advirtió un funcionario provincial.

La conducción política de las fuerzas también abrió diferencias. Varios intendentes reclamaron mando directo sobre las policías locales. Uno de ellos sintetizó la postura de varios municipios: “Si la policía es municipal, la conducción debe estar definida por el intendente”.

En la mesa de negociación apareció otro punto clave: la financiación de las nuevas estructuras de seguridad. Los municipios reclamaron recursos permanentes para sostener equipamiento, personal y logística en un contexto de caída de ingresos y ajuste nacional.

Un intendente que participó de las conversaciones resumió el escenario: “Las opciones son tres: financiamiento provincial, municipal o mixto. Lo más probable es que termine siendo mixto; la discusión será en qué términos y qué porcentajes”.

Dentro del gobierno bonaerense tomó fuerza la idea de un esquema compartido entre Provincia y municipios. Parte de los intendentes impulsó que el reparto de fondos contemple criterios de coparticipación, aunque cada distrito conserve margen para sumar recursos propios según sus necesidades y capacidad financiera.

La reforma todavía no ingresó a la Legislatura, pero las negociaciones avanzaron con intensidad. En el oficialismo reconocieron que el proyecto buscará equilibrar dos demandas que crecieron en paralelo: más autonomía municipal para enfrentar el delito y más respaldo económico para sostener ese nuevo esquema de seguridad local.