Por Marcelo Zlotogwiazda

La prueba más clara de esto último surge de comparar cómo se conformaba la recaudación en 2003 y en 2011, y observar que el único cambio significativo fue el aumento de la incidencia de los ingresos de la seguridad social como consecuencia del fuerte incremento de la masa salarial. Pero los aportes de IVA y de Ganancias se mantienen sin cambios significativos, hay algún retroceso en el impuesto al Cheque y en Derechos de Exportación, y Bienes Personales cae a la mitad desde un ya insignificante 2,2 por ciento de la recaudación total.

Aprovechando la agitación que hay en estos días por el reclamo de ajuste del mínimo no imponible para el pago de Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia y jubilados, se presentaron algunos nuevos proyectos de ley y se reflotaron otros ya presentados. Curiosa fue la respuesta a esas iniciativas de Roberto Feletti, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. El ex viceministro las descalificó argumentando que forman parte de “la consistente vocación de rebaja impositiva y de la ausencia de un pensamiento armónico sobre redistribución de cargas” que caracteriza a la oposición, a la que además criticó por su “fuerte convicción conservadora acerca de que las políticas de oferta basadas en la rebaja impositiva son las necesarias para asegurar el crecimiento”. Fundamentó sus dichos señalando que de los 127 proyectos de ley con estado parlamentario que afectan tributos, 118 apuntan a reducir los recursos fiscales y sólo 9 a aumentarlos. De los 118 que implican rebajas, 50 refieren a Ganancias, 26 a IVA y 10 a Bienes Personales.

En primer lugar, lo anterior no se aplica a los últimos dos proyectos presentados. El de los diputados Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Gustavo Ferrari (PJ Federal) efectivamente plantea la eliminación del pago de Ganancias a los asalariados (alrededor de un millón) que cobran menos del equivalente a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (9.200 pesos), pero compensa la pérdida de recursos con los ingresos adicionales que generaría la imposición a la renta financiera que actualmente está desgravada, y que según el Presupuesto significa una merma de ingresos por cerca de 5.000 millones de pesos anuales. Y lo mismo vale para el proyecto de ley de los diputados moyanistas Héctor Recalde, Facundo Moyano y Omar Plaini.

En segundo lugar, más allá de los cuestionamientos a los proyectos de la oposición, lo que el kirchnerismo debe responder es por qué en nueve años de gestión, y con condiciones políticas y macroeconómicas propicias, no quiso, no supo o no pudo modificar una estructura tributaria altamente regresiva. Que no quiso queda claro no sólo por los resultados, sino por los escasísimos intentos de reforma impositiva que realizó.

Que no haya sabido o no haya podido puede prestarse a discusión sólo en el caso de la Resolución 125. Voces oficialistas señalan que la rebelión agropecuaria, el apoyo de una porción considerable de la sociedad y de factores de poder y la derrota legislativa final, muestran la enorme dificultad para cambiar el statu quo. Según ellos, se quiso pero no se pudo. Luce más certera la interpretación de que aquella vez sí se quiso pero no se supo: no supieron diseñar un esquema técnicamente sólido, ni tampoco supieron articular una alianza política para sustentar la medida; lograron unir a la Sociedad Rural Argentina con la Federación Agraria.

Varios economistas más o menos afines al kirchnerismo han elaborado proyectos de reforma tributaria que el Gobierno conoce. Incluso hace unos años técnicos del Ministerio de Economía diseñaron uno que terminó cajoneado. Jorge Gaggero, desde el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar) y como especialista del Plan Fénix, ha sido uno de los más activos en el tema.

El ejemplo más reciente es la propuesta que Alfredo Iñíguez describió en el último número de Entrelíneas, la publicación del Centro de Investigaciones en Economía Política y Comunicación (Ciepyc) de la Universidad de La Plata. Los lineamientos están orientados a:

- Ampliar la carga tributaria sobre la propiedad y los patrimonios, para lo cual plantea, entre otras cosas, restablecer el impuesto a la Herencia y crear un impuesto extraordinario a la propiedad de la tierra.

- Mejorar la imposición sobre los activos financieros y sus rentas, mediante, por ejemplo, eliminar las desgravaciones a la renta financiera y suavizar la carga del impuesto al cheque.

- Asignarles mayor progresividad a los impuestos sobre los ingresos y patrimoniales; en el caso de Ganancias para personas físicas la idea es ampliar las escalas, bajar la alícuota mínima del 9 al 6 por ciento y subir la máxima del 35 al 40 por ciento.

- Reformular la imposición al consumo para reducir la incidencia sobre los estratos pobres y aumentar la de los ricos (los tres deciles de menores ingresos pagan de IVA entre el 11 y el 14 por ciento de sus ingresos, mientras que los dos deciles de arriba pagan alrededor del 10 por ciento); para ello plantea, por ejemplo, dotar de progresividad al IVA, estableciendo alícuotas más bajas para artículos de primera necesidad y aumentando la devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito realizadas por jubilados que ganan el haber mínimo y por beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo u otros planes de asistencia social.

- Promover la actividad productiva de manera selectiva; hay una batería de recomendaciones referidas a los incentivos fiscales, regímenes de promoción, subsidios e impuestos como instrumentos para orientar la producción. Por ejemplo, propone aplicar derechos de exportación más altos a los minerales sin elaborar que al producto con valor agregado, para incentivar así la industrialización local.

Sobran ideas, propuestas, proyectos y recomendaciones. Hay que ver si quieren, saben y pueden.