Desde Washington, una delegación argentina desembarcó con un objetivo claro: evitar que la tensión arancelaria impuesta por el expresidente Donald Trump derive en mayores costos para el comercio bilateral. La comitiva, liderada por el embajador Luis María Kreckler, buscará destrabar una negociación clave en la sede de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El gobierno de Javier Milei enfrenta una situación incómoda. Su sintonía política con Trump no impidió que los productos argentinos quedaran alcanzados por las medidas proteccionistas que Washington adoptó en el marco de su disputa comercial con China. La actual administración libertaria intenta, en silencio, que Argentina quede al margen de esas represalias.

Antes de partir, los enviados argentinos firmaron un acuerdo de confidencialidad que impone total reserva sobre el contenido de las conversaciones. La instrucción del canciller Gerardo Werthein fue clara: sostener una postura firme, pero sin confrontaciones, frente a los pedidos de la USTR.

La contraparte estadounidense ya dejó sentadas sus exigencias. Un informe de 394 páginas publicado por la USTR detalla las trabas que enfrentan sus exportaciones en distintos países, entre ellos la Argentina. El país figura en la página 14, donde se enumeran barreras arancelarias, tasas, restricciones a las importaciones y problemas vinculados a la propiedad intelectual.

En la página 17, el documento advierte sobre la situación en sectores estratégicos como el farmacéutico y el agroquímico. Señala que “la situación de los innovadores en los sectores farmacéutico y agroquímico presenta importantes desafíos. En primer lugar, el alcance de la materia patentable está significativamente restringido por la legislación argentina. En segundo lugar, las políticas actuales brindan una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba no divulgados y de otro tipo presentados al Gobierno argentino, junto con su largo proceso de aprobación de comercialización”.

Además, el informe exige mayor transparencia en el uso de indicaciones geográficas y cuestiona la acumulación de solicitudes de patentes que provocan demoras. También se refiere al comercio ilegal de productos falsificados, con menciones específicas a los mercados de La Salada y el Barrio Once. “La Salada en Buenos Aires, uno de los mayores mercados negros de productos falsificados y pirateados en Argentina, continúa vendiendo productos falsificados en línea”, afirma el texto oficial.

La delegación argentina intentará evitar nuevas sanciones antes de julio, cuando vence la tregua arancelaria decretada por la administración republicana. El embajador Kreckler lleva la misión de ratificar que Milei está dispuesto a atender los reclamos planteados en el informe, aunque su implementación será gradual.

El Ejecutivo ya modificó ciertos aspectos de la legislación cuestionados por Washington. Sin embargo, para avanzar en temas sensibles como las patentes, el presidente esperará el resultado electoral de octubre. Luego, enviará un proyecto de ley que apunte a cumplir con las exigencias estadounidenses.

Kreckler ya acompañó a Werthein en reuniones previas con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y con el titular de la USTR, Jamieson Greer. Ahora regresa a la capital estadounidense con un mandato preciso: abrir una negociación compleja, que definirá buena parte del vínculo comercial entre los dos países.