El gobierno nacional está sopesando la posibilidad de cerrar la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Economía. De concretarse esta medida, quedarían eliminados los programas que dependen de este organismo, dirigido por Rodrigo Aybar. Entre los principales afectados se encuentran el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), el ñ, todos destinados a la construcción de viviendas. Además, desde los gremios estatales advierten que esta decisión implicaría la pérdida de empleo para aproximadamente 500 trabajadores.

El 13 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo ya había tomado una decisión que impactó en el sector, al eliminar el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012. Esta medida fue oficializada a través del decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

En el documento se argumentó que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”. En línea con esta postura, el Gobierno defiende la idea de que la adquisición de viviendas debe gestionarse a través del sistema privado, mediante créditos personales.

Consultado sobre el posible cierre de la Secretaría, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó en conferencia de prensa que “se está evaluando, pero por el momento no hay tomada una determinación”, respondió.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había realizado el año pasado un informe en el que señalaba diversas irregularidades en el funcionamiento del Procrear. Entre los aspectos más relevantes, destacaba “la demora en la entrega de viviendas y locales, lo cual ha generado costos adicionales en mantenimiento, seguridad y expensas, que se podrían haber evitado si los proyectos urbanísticos se hubieran entregado en el plazo previsto; incumplimientos del convenio por parte de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); múltiples quejas por condiciones inadecuadas de habitabilidad en las unidades entregadas; y la falta de actualización de los manuales de procedimientos”.

En este contexto, unas 17.000 viviendas que ya estaban terminadas nunca fueron adjudicadas a sus beneficiarios. Ante esta situación, se evalúa la posibilidad de subastarlas públicamente. Desde la Secretaría de Hábitat se llevó a cabo una auditoría detallada de cada una, con la intención de transferir algunos desarrollos a las provincias o municipios para que sean otorgados mediante sorteo entre los inscriptos en los programas de acceso a la vivienda.

La provincia de Buenos Aires fue una de las primeras en aceptar el traspaso de aquellas obras que no habían sido finalizadas. En este sentido, el gobernador Axel Kicillof acordó hacerse cargo de ciertos proyectos, al igual que municipios como el de Avellaneda, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense.

El programa Casa Propia-Construir Futuro, lanzado en 2021, experimentó una serie de modificaciones en su financiación a finales de mayo de 2024. A través de la resolución 361/2024, se planteó la necesidad de “garantizar la operatividad del Programa Casa Propia – Construir Futuro, a los fines de promover el objetivo general del programa, así como la continuidad de los convenios de financiamiento vigentes con sus respectivos entes ejecutores”. La resolución también propuso revisar el reglamento del programa y explorar nuevas alternativas de financiamiento.

El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), creado en 1972, es el fondo más antiguo que sigue en funcionamiento. Establecido por el gobierno militar de la época para abordar el déficit habitacional y facilitar la construcción de viviendas económicas para los sectores más vulnerables, el FONAVI impulsó la creación de complejos de viviendas, como los conocidos monoblocks. Entre los ejemplos más representativos se encuentran el Barrio Ejército de Los Andes (popularmente conocido como Fuerte Apache) y el Barrio General Savio, conocido como Lugano I y II.

En respuesta al posible cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado un abrazo simbólico a las instalaciones del organismo, como medida de protesta. El sindicato denuncia que más de 1.800 convenios relacionados con la vivienda se verían afectados, que existen más de 72.000 obras en ejecución, algunas de ellas con un 80% de avance, y que más de 2.000 empresas han quebrado debido a la paralización de los proyectos. Según información que circula entre los delegados gremiales, el cierre definitivo de la Secretaría podría concretarse el 28 de febrero.

En caso de llevarse a cabo el cierre, la única dependencia que continuaría operando sería la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, dirigida por Sebastián Pareja, actual senador por la provincia de Buenos Aires en uso de licencia y uno de los principales referentes nacionales del partido La Libertad Avanza.