Con la muerte de la vicedirectora y del auxiliar de la escuela N° 49 de Moreno, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, se generó un gran impacto en la comunidad educativa y en todos los vecinos del partido. Llevó a distintas manifestaciones reclamando al gobierno provincial que ponga manos a la obra en cuestiones que no pueden esperar.

Pero la alarmante situación de Moreno no tiene que ver solamente por el estado deplorable y peligroso de sus escuelas, sino con hechos y metodologías que creíamos habían quedado definitivamente en el pasado de nuestro país.

A Corina De Bonis, docente del Centro de Educación Complementaria N° 801 de esta localidad la levantaron en un auto, le pusieron una bolsa en la cabeza, la golpearon y le escribieron un mensaje amenazante con punzón en el abdomen: “Ollas no”, en referencia a la labor solidaria que realizaba para alimentar a los pibes del barrio.

Lo que hay que tener en cuenta es que la semana anterior al hecho ya había recibido amenazas: “No a las ollas populares”, “basta de hacer política”. El gobierno provincial no hizo nada al respecto.

La primera reacción de la gobernadora María Eugenia Vidal después del hecho fue repudiarlo y emparentarlo al accionar de los “narcos”. El sentido común indica que a los narcos les conviene la ausencia del Estado, lo cual que no haya clases es algo beneficioso para ellos. Resulta extraño, entonces, pensar que ellos traten de “apretar” docentes.

De todos modos esta línea de investigación no debe descartarse ya que Moreno es un distrito con presencia  importante del narcomenudeo y narco delito en distintos barrios críticos.

Recordemos que no hace mucho tiempo narcos asesinaron a César Méndez, un militante social  de “La Dignidad” que los enfrentaba para que no entren en los barrios. Lo mataron en esa tarea intentado ayudar a una vecina a la que le balearon su casa.

En el mismo sentido el padre Eduardo Farrell, de la parroquia Sagrado Corazón de Cuartel V, que combatía al narco delito, recibió nueve amenazas de muerte que llevaron a que las autoridades eclesiásticas decidieran trasladarlo. Recordemos que una semana después de la muerte de César Méndez hubo una marcha a la comisaría de la zona en la que el padre Eduardo fue el único orador.

En este caso el gobierno provincial tampoco hizo nada. Tuvieron que trasladar al padre porque las autoridades no pudieron garantizarle su seguridad. Recuerdo haber hablado en aquel momento con oficiales de la bonaerense quienes me dijeron: “nosotros no estamos entrando a Cuartel V”, lo que muestra la ausencia del Estado. “Eso es tierra de nadie”, me aseguraron. Yo me quedé asombrado.

En consecuencia de la muerte del compañero César Méndez acompañé a dirigentes de La Dignidad a una reunión con varios ministros bonaerenses que se comprometieron a corregir y a asegurar la presencia del Estado en esas zonas, cosa que indudablemente no se ha logrado.

Más allá de que dudo de la teoría narco, insisto, admito que no se debe descartar. Pero creo también que hay elementos que el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y la gobernadora Vidal deberían evaluar.

La zona de mayor conflicto docente en este momento en Moreno, donde ocurrió el secuestro de la maestra, limita con el partido de San Miguel. Hace uno días grupos organizados ligados al oficialismo (Cambiemos) de ese distrito realizaron pintadas y volantearon con consignas similares a las que le escribieron en el abdomen a la docente: “Ollas no”.

Todos sabemos que San Miguel es un municipio con una historia ligada a fuerzas políticas que reivindicaban la represión, como el ex intendente y Carapintada, Aldo Rico. Incluso el actual ministro de gobierno de la provincia quien fuera intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, reivindicó a la dictadura asesina de Videla/ Martínez de Hoz. Esta pista no puede ser obviada por las autoridades de la provincia de Buenos Aires

Quiero ser claro, yo no afirmo que Aldo Rico y Joaquín de la Torre sean responsables de estos hechos. Pero sí que si hay una línea de investigación seria no se puede descartar que hoy existen grupos paraestatales que estuvieron ligados a ellos.

Además, otro dato relevante es que en las últimas horas aparece otra pista. Cuatro chicos compañeros de la UES y de la JP Evita, cuando se dirigían al acampe que mantienen los docentes frente al Consejo Escolar, fueron demorados por la policía local. Como uno de ellos no tenía documentos lo pusieron contra la pared e interrogaron. Cuando el joven les contó a donde iba, los uniformados le respondieron con violencia: “¿Por qué vas al acampe de los maestros de mierda que no van a dar clases?”. Además, varios pibes están recibiendo amenazas telefónicas anónimas y también desde autos no identificados.

Ante este acontecimiento me comuniqué con las más altas autoridades del municipio de Moreno y del Ministerio de Seguridad de la provincia. Más allá de su compromiso de investigar los hechos, queda claro que la policía local que funcionalmente depende de la provincia, aunque recibe apoyo del municipio en ciertos aspectos (como el combustible, por ejemplo)  amenaza a los pibes con el mismo tono de las pintadas y del episodio de la docente. Se debe investigar si esto es un hecho aislado o si existe una bajada de línea política y a quien responde.

La lucha contra el narcotráfico debe profundizarse y avanzar si queremos un futuro para nuestros pibes, pero más allá de eso, en el caso de los hechos de violencia hacia la docente en Moreno pareciera que la pista a investigar es la política, más que a los narcos.

Como conclusión quiero reivindicar a la comunidad educativa y en especial a los chicos de Moreno que militan en sus barrios en este difícil y peligroso momento, y que demuestran tener más valor e hidalguía que muchos mayores con poder.