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Moreira advirtió una “alta subejecución” en el balance 2010 de Ivoskus
San Martín

El concejal del Frente Para la Victoria realizó una crítica puntillosa de la Rendición de Cuentas, que no pudo ser debatida en sesión. “Hubo 30 por ciento de subejecución”, remarcó. Además, Fernando Moreira, que trabajaba con la candidatura de Gabriel Katopodis, explicó detalles jurídicos y políticos del Caso Astobiza.

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15 junio, 2011 0

El edil del Frente Para la Victoria, Fernando Moreira, recibió a LaNoticiaWeb en su despacho para dialogar acerca de la Rendición de Cuenta 2010, que no pudo ser tratada en el Concejo Deliberante porque la oposición prefirió no dar la discusión. El Caso Astobiza había reflotado ese mismo día.

“Me parece importante remarcar aspectos generales. En las cuentas del ejercicio 2010 hubo 509 millones de ingresos; y 460 millones de gasto. Entonces hubo 49 millones de superávit. Cuando hablamos de superávit en la gestión, hablamos de subejecución en las cuentas. Es decir, plata que estaba disponible para ejecutar en alguna actividad, y no se ejecutó. Al total de 500 millones de pesos hay que restarle los gastos fijos de salarios y recolección de residuos, entre otros. Por lo cual, del gasto total, quedaba para gastar alrededor de 160 millones de pesos. Por lo tanto el porcentaje de subejecución fue del 30 por ciento”, explicó.

Es elevado...

Realmente es enorme. Y esto se viene repitiendo. En 2008 el superávit fue de 55 millones, en 2009 de 48, y en 2010 de 49. No terminamos de entender por qué sucede esto. Cuando en años anteriores criticamos eso, nos explicaron que sucedía porque la contabilidad estaba atrasada por la implementación del RAFAM, y no se había podido seguir de cerca las cuentas. Además uno podría señalar que, del total del superávit, 35 corresponden a cuentas afectadas. Es decir, cuentas que tienen un destino previsto con anterioridad, están para ser gastadas en algo.

¿Hay casos simbólicos?

Por ejemplo, en la reconversión lumínica, los recursos del área fueron de 16 millones, y sólo se gastaron 6 millones. En el programa ENVIÓN, 72 por ciento de subejecución. En el nuevo Hospital Thompson, 58 por ciento. El Plan de Fortalecimiento de Planes de Social, con plata que viene de Provincia para gastar en los sectores más vulnerables, hay un saldo de 2 millones: 30 por ciento de subejecución.

¿Cuál es la situación de la Secretaría de Desarrollo Social de Lidia Naim?

Si del gasto total descontamos los gastos fijos y el dinero proveniente de Provincia y Nación, lo que queda para ejecutar y hacer políticas activas es bastante poco. Tiene una dependencia muy grande de los fondos de Provincia y Nación. En el caso del gasto social… excepto el presupuesto en personal, lo que se basa en programas y propuestas depende del financiamiento de programas nacionales y provinciales.

Siempre hay superávit…

Sí, pero tiene que ver con cuentas afectadas, que no se terminan de ejecutar. Es plata que hasta uno podría pensar que no es propia, sino que llega a todos los municipios para ayudar a los sectores más vulnerables.

Esta discusión no se pudo dar en la Rendición de Cuenta porque la oposición se retiró con el pretexto del Caso Astobiza. ¿Cuál es su lectura sobre la situación?

Esa semana nos enteramos que el Tribunal de Casación había rechazado el pedido de la concejal, y, por lo tanto, había ratificado el fallo de primera instancia. Es un fallo que tiene más de un año, entonces hubo un ocultamiento. No se pedía suspender, sino llevar el caso a la Comisión de Legislación para debatirlo y ver si es lo suficientemente grave. Y después de eso, sí, llevar al recinto la Rendición de Cuentas. Pero no fuimos escuchados.

¿Cuál es su opinión sobre el caso?

Hay dos cuetiones: la jurídica y la política. Desde el punto de vista jurídico, puedo estar de acuerdo con lo que dice la norma: hasta que no haya sentencia firme, puede ocupar cargos públicos. En este caso no habría nada para objetar la permanencia de la concejal Astobiza. De todas formas, cualquiera sabe que después de un rechazo de Casación, es prácticamente imposible que la Corte revierta el fallo. Es casi una chicana jurídica para estirar la situación, Ana va a terminar su mandato antes de que esto se resuelva. Pero el problema central es político. Cuántas veces reclamamos que cuando hay funcionarios sospechados de actos de corrupción se les pida que den un paso al costado. Esto ocurrió siempre, hasta con el gobierno de Menem. La obligación es del gobierno municipal, es una funcionaria condenada en la Justicia en primera y en segunda instancia. Ellos tendrían que haber pedido que dé un paso al costado.
 

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