El kirchnerismo espera la designación del nuevo ministro de Justicia para lanzar una batería de nuevas medidas contra la Justicia. El diputado Leopoldo Moreau esta semana adelantó algunas.

Anunció que el Frente de Todos impulsará más juicios políticos a jueces y fiscales que investigaron a Cristina Kirchner y que presentarán un proyecto para cambiar la estructura orgánica de la Justicia. Además, otro para regular el tratamiento de los recursos extraordinarios por parte de la Corte, entre otros cambios.

Y sin vueltas, Moreau opinó que «creo que hay que ampliar la Corte y habría que avanzar con juicios políticos a los jefes de la Corte Suprema de Justicia”. Esta segunda medida, de concretarse, sería un romper lanzas en forma definitiva con el poder judicial.

Hasta ahora, el oficialismo presentó más de 20 pedidos de juicios políticos contra jueces y camaristas, en una tendencia que va en crecimiento. En el caso de que vaya contra los supremos el juicio político debería hacerlo el Congreso.

Esa cifra no incluye los juicios penales que también presentó el kirchnerismo duro contra esos jueces y fiscales.

Los K tienen mayoría de los 13 miembros en el organismo que nombra y destituye jueces pero no los dos tercios para echarlos. No los puede destituir pero si sancionar como hicieron con el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

Las denuncias funcionan como una Espada de Damocles sobre los magistrados, a menos de que haya algún tipo de nuevas alianzas internas que permita destituirlos. En este juego de acuerdos, siempre el voto de Graciela Camaño es clave.

Esos pedidos de juicio políticos y nuevos proyectos de ley son parte del “trabajo sucio” que no quiso hacer la renunciante ministra de Justicia y futura embajadora ante la UNESCO, Marcela Losardo. La ex ministra también calificó de “inconstitucional” la creación de una comisión bicameral que realice un “control cruzado” sobre los jueces. El funcionamiento de esa comisión sería la base para las denuncias de juicio político.

Moreau, junto a sus colegas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y el senador Oscar Parrilli, es parte del núcleo duro que rodea a Cristina.

El viernes el presidente del Consejo de la Magistratura Diego Molea denunció por supuestas actitudes machistas al juez de Casación, Juan Carlos Gemignani, pero Moreau dijo que habrá más sin dar más detalles. El debate sobre Gemignani será para alquilar balcones ya que la mayoría K, el año pasado, rechazó sancionar al camarista Juan Ramos Padilla por haber insultado en Twitter a las ex diputadas Elisa Carrió y Silvana Giúdice y haber tratado de “burros, hipócritas y pelotudos” a miembros de la Corte y otros magistrados.

En declaraciones a medios K, Moreau aseguró que el kirchnerismo apelará a «todas las herramientas legales para producir un cambio imprescindible» en el Poder Judicial.

El ex dirigente de la UCR precisó que, por un lado, el kirchnerismo accionará a través del Consejo de la Magistratura con «juicios políticos» contra los jueces que aplicaron la teoría del lawfare.

Por otro, dijo que «vamos a modificar leyes orgánicas del Poder Judicial, que lo podemos hacer con mayoría simple en el Congreso. La justicia tiene una estructura monárquica».

Esta nueva batería de medidas viene después del impulso que dio el discurso del presidente Alberto Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso y el alegato de Cristina Kirchner ante la Cámara de Casación en que dijo que el sistema judicial “está podrido y es perverso”.

Los pedidos de juicios políticos contra jueces para destituirlos comenzaron antes del cambio de gobierno en diciembre de 2019, se observa en la lista que tienen en la Magistratura.

FUENTE: Diario Clarín