¿Cómo ves que se está implementando la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el país?

Son pocos los casos con complicaciones, aunque uno ya es realmente preocupante para lo que significa para esa mujer. Tiene menos obstáculos de los que yo me imaginaba. Los equipos de salud están trabajando bastante bien, pero sí están estas situaciones con el poder judicial. 

Sobre el caso ocurrido en San Juan de suspensión de IVE a una mujer por parte de su expareja que presentó una cautelar. ¿Cómo se puede revertir esta situación cuando es la Justicia provincial la que intervino en esta medida?

Hay una cuestión de base y es que necesitamos transformar el poder judicial en un poder judicial transfeminista y no tener este tipo de intervenciones que van en contra de los derechos de las mujeres. Con la Justicia provincial hay que intervenir desde todos los sectores y plantear la situación injusta para la mujer porque nadie puede obligar a una persona a continuar con un embarazo, a ser madre, si no está dentro de sus decisiones. En esta situación de San Juan lo vemos con mucha preocupación y estamos interviniendo en todo lo que podamos para poder avanzar con la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Hay una expareja que hizo esta presentación y se pone en juego la autodeterminación de la mujer por sobre su cuerpo, no debería haber lugar a esto…

Es el cuerpo de la mujer y su definición sobre qué quiere para su proyecto de vida. Entonces, hacer lugar a la intervención de esta ex pareja es una clara demostración de un Poder Judicial patriarcal, que pone en el mismo nivel la situación de la mujer y la del varón cuando claramente son diferentes. Si esto continúa así, esta persona llevaría un embarazo adelante contra su voluntad. Entiendo que hay una complejidad importante ahí. Pero también, en situaciones extremas hay que definir quién tiene determinación sobre el propio cuerpo. 

¿La Justicia no debería decidir rápido sobre estos temas?

Pudimos poner estas condiciones en la ley para el sistema sanitario, en el caso de que una mujer plantee la IVE y un médico se declare objetor de conciencia y no lo haga. Pero sí tiene que derivarlo rápidamente. Eso está contemplado en la ley. Pero con el poder judicial es más difícil en este punto porque tienden a escabullirse por distintos lugares y acá el tema del avance del tiempo es fundamental, porque si se pasan las 14 semanas de gestación, esta persona ya no puede interrumpir el embarazo. Por eso, estamos desde todos los sectores generando masa crítica, difundiendo. Por decisión del Poder Judicial se está haciendo lugar, como tantísimas veces en Argentina y el mundo, a la voz del varón, dejando de lado la decisión de la mujer. 

¿Hay una estipulación sobre cómo se aplicarían las penas en esta situación?

Nuestra mirada sobre la ley está vinculada a lo que está permitido y lo que estamos cuidando, que es la decisión de las mujeres. Lo que hizo esta persona no está contemplado porque no está bien. Por eso no hay legislación sobre esta situación, porque pusimos toda nuestra determinación en la mujer que está transitando un embarazo, que es lo que corresponde. Esta situación escapa a eso. El problema es que frente a una situación que no está bien, hay un Poder Judicial provincial que le hace lugar, entonces está todo complicado. 

Cuando ella hizo el pedido estaba en la semana 12 y las excepciones para realizar la IVE al pasar la semana 14 tienen que ver con casos de violación o en los que esté en riesgo la salud de la persona gestante. Ahora se empieza a llegar a la semana 14…

Sí, se complica mucho. También es cierto que el Poder Judicial de la provincia interviene de mal modo, que no va acorde a lo establecido por la ley. Y la realidad es que la situación que está viviendo esta mujer también le está generando un perjuicio en su salud mental. Hay una vulneración de un derecho. La intervención del Poder Judicial, al hacerle lugar a la voz del hombre, la pone en una situación de vulneración y le impide acceder a un derecho. A esta persona la están llevando a una situación muy compleja y una vez más, el patriarcado con sus distintas caras está vulnerando los derechos de una mujer cuando tiene una ley que la ampara. Si bien ella lo realizó dentro del tiempo que estaba contemplado, es cierto que el margen es muy poco y seguramente la persona que está tomando la decisión de fallar en contra de la mujer esté especulando con el correr de los días. 

¿Quién tendría que intervenir para que la IVE se practique en este caso?

Debería haber apelaciones en las distintas instancias judiciales, pero eso lleva tiempo y sufrimiento que acá hace que sea imposible la IVE. Lo que está sucediendo es que se está vulnerando el derecho de esa persona de decidir sobre su vida y llevándola a un lugar muy complejo, cuando al final del camino la única que responde por esto es ella misma; la persona que decidió no llevar adelante un embarazo.

La Justicia interviene para no dejar que una ley avance. No contemplamos que el poder judicial fuera a fallar en contra de una ley. Por un lado, tenemos un Estado con sus tres poderes independientes pero también necesitamos un Poder Judicial que tenga una formación con perspectiva popular, sobre las distintas clases sociales y no que falle en función de los privilegios de las clases altas, de los empresarios. Es como el caso de las tarifas o de las clases presenciales. Necesitamos un poder judicial que no sea clasista, que sea transfeminista, popular, que deje de ser elitista y esté al alcance de todas las personas. Que sepamos bien cómo se construye y cuáles son sus mecanismos, para que podamos conocer bien de qué se trata y que podamos intervenir como sociedad, más allá de si cumplimos alguna función en algún lugar del Estado.