Pronto, periodistas y medios de Venezuela pensarán dos veces antes de informar y opinar. El Congreso venezolano, que cuenta con mayoría automática oficialista, estudia desde el jueves la propuesta de la fiscal general de la Nación para sancionar “delitos mediáticos”. La iniciativa de Luisa Ortega Díaz, aplaudida por el presidente Hugo Chávez, contempla penas de prisión de hasta cuatro años para quienes divulguen información “falsa” que produzca un “perjuicio a los intereses del Estado”.

El debate seguía abierto ayer mientras miles de venezolanos se concentraban alrededor de las 34 radios que fueron sacadas del aire por el gobierno. Las emisoras dejaron de transmitir ayer, luego de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anuló sus licencias alegando motivos administrativos. “Pueblo, madura, esto es dictadura”, gritaban los manifestantes, al tiempo que rechazaban que “Venezuela sea la segunda Cuba”.

Bautizado como “ley mordaza” por sus críticos, el proyecto de la fiscalía criminaliza la “manipulación o tergiversación de la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública”.

Sin embargo, no queda claro quién o qué institución tendrá la facultad de determinar la veracidad de la información emitida. El año pasado, el Ministerio de Comunicación e Información, que monitorea y reglamenta la actividad de los medios, consideró “falsas”, “interesadas” o “manipuladas” las noticias referidas al aumento de la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción, la inflación y el uso de armas venezolanas por parte de la guerrilla colombiana de las FARC.

Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda y director de Conatel, expresó que ciertas campañas de la prensa para criticar iniciativas del gobierno pueden afectar “la salud mental de los venezolanos”. Según su colega de Información y Comunicación, Blanca Eekhout, “si no se puede sancionar el delito mediático estaremos completamente vulnerables”.

En comunicación con PERFIL, el diputado chavista Carlos Escarrá explicó que “se trata de regular la responsabilidad de los dueños de medios para que no generen impunemente intranquilidad en la población. La cadena Globovisión, por ejemplo, arengó al golpe de Estado en 2002 y llamó a la desobediencia civil. Es una actitud recurrente. No informan, sino que distorsionan la realidad. Esos son delitos y no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Son delincuentes”.

“Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder”, dijo por su parte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), expulsado de territorio venezolano tras exponer su informe sobre una década de chavismo. “Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al que le resultan indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión”, agregó, en diálogo telefónico con este medio.

En 2007, el gobierno venezolano no renovó la concesión a la televisión privada de alcance nacional RCTV, muy crítica con la gestión de Chávez. Globovisión fue directamente amenazada de cierre en estas semanas y hasta se le aplicó una multa millonaria.

Desde 2005, Venezuela llega al continente con su propia voz, Telesur. La cadena, que cubre en exclusiva los movimientos del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, fue conformada con capitales de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua.