Con la firma del jefe de Estado y de los ministros que integran el Gabinete nacional, el Poder Ejecutivo echó por tierra a la legislación que establece el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

Entre los motivos esgrimidos en el veto, el Gobierno afirmó que la normativa «incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto» lo que genera «un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica» y provoca «perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables».