Javier Milei firmó un decreto que instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación a retirarse como querellante en la causa que investigó la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. La medida desactivó la participación directa del Estado en un expediente que analizó el destino de uno de los créditos más grandes de la historia del organismo multilateral.

La decisión presidencial se conoció pocos días después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenara el archivo de la causa. La magistrada sostuvo que los hechos denunciados no configuraron delitos penales y los encuadró como decisiones de política económica adoptadas por autoridades con facultades discrecionales. Ese fallo generó una fuerte controversia judicial y política.

El decreto 87/2026 estableció en su artículo segundo que la Procuración debía “cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019”. El expediente llevó por título “Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros” y se originó a partir de denuncias presentadas en 2019. En 2021, el gobierno de Alberto Fernández impulsó la investigación con una querella criminal anunciada ante el Congreso.

La causa apuntó contra Macri y varios exfuncionarios clave de su gestión, entre ellos Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. El eje central de la acusación cuestionó la legalidad del endeudamiento externo y el uso de los dólares girados por el FMI, que superaron los 44 mil millones.

Capuchetti consideró que “las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados”. Con ese argumento, dispuso el cierre del proceso.

El fiscal federal Franco Picardi apeló esa resolución. En su presentación sostuvo que la jueza realizó “una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas”. También afirmó que el archivo impidió avanzar sobre una investigación de alta relevancia institucional.

Para Picardi, el expediente debía esclarecer si existió un esquema defraudatorio entre funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades del Banco Central, con participación de actores del sector privado. En ese marco, señaló que la deuda se contrajo “vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales” y que los fondos se destinaron al financiamiento de la fuga de capitales.

La Oficina Anticorrupción sostuvo en un informe incorporado a la causa que “las divisas (del préstamo del FMI) fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos (deber de probidad)”.

El Gobierno justificó el retiro de la querella al señalar que la Procuración del Tesoro no posee especialidad técnica en materia penal y que la acción corresponde al Ministerio Público Fiscal, que actúa con autonomía funcional. El decreto aclaró que el Estado no renunció a eventuales reclamos civiles por daños y perjuicios.

La decisión de Milei marcó un giro político respecto de sus críticas previas al acuerdo con el FMI y benefició de forma directa a funcionarios que integraron el gabinete de Cambiemos y hoy ocupan cargos centrales en su gestión. El retiro del Estado dejó la continuidad del caso en manos exclusivas del Ministerio Público y de la Cámara que debe resolver la apelación del fiscal.