Acorralado y con la imagen golpeada tras la aparición de un entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno resolvió abandonar la actitud de espera inicial y pasar a la ofensiva. En palabras de un asesor de máxima confianza, se trata de “contragolpear”, luego de varios días en los que reinaron la pasividad, el silencio absoluto de Javier y Karina Milei, y la ausencia de explicaciones públicas.

Hasta el momento, el Ejecutivo no brindó aclaraciones respecto a la red de corrupción en la ANDIS revelada a través de los audios de su ex titular, Diego Spagnuolo. Sin embargo, antes de dar información o rendir cuentas sobre lo sucedido en la delicada área de discapacidad —donde se involucran compras de medicamentos y contrataciones—, Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, optaron por una estrategia de negación total y de responsabilizar a terceros, en este caso al propio Spagnuolo.

Ese enfoque no surgió de la nada. El lunes, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem habían sido los primeros en instalar la idea de una “operación política”, apartándose de la línea de “cautela” que había recomendado el asesor Santiago Caputo cuando estalló el escándalo.

Con la mira en despegarse de toda posible responsabilidad, tanto él como su hermana, el Presidente terminó cargando directamente contra su —ahora ex— amigo Spagnuolo. Durante un breve contacto con un móvil televisivo, en plena “caravana” de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, aseguró que todo lo dicho por su ex abogado “es mentira” y advirtió que lo “llevará a la Justicia”, sin dar mayores precisiones.

El viernes previo, altas fuentes de la Casa Rosada habían adelantado que una denuncia contra Spagnuolo era una de las opciones que se analizaban. No obstante, hasta ayer no se había expresado oficialmente esa decisión, y dentro de Las Fuerzas del Cielo persistían las dudas. Allí sostenían que “matar al mensajero” no resolvería la crisis ni convencería a la sociedad. “Sería inverosímil negar todo”, insistían, mientras aguardaban los resultados de la auditoría interna de la ANDIS que inició Mario Lugones, cercano a Caputo, en busca de evidencias para ofrecer explicaciones más sólidas.

Aún así, más allá de los dichos de Milei, nadie en el Gobierno pudo confirmar con exactitud en qué momento ni bajo qué figura legal se avanzaría con la prometida denuncia contra Spagnuolo. Incluso algunos funcionarios reconocían que la decisión todavía no estaba cerrada. En ese marco, quedaba flotando una duda: ¿intentó el Presidente presionarlo públicamente después de que éste se negara a retractarse como se le había exigido desde Balcarce 50?

El propio Francos, quien al principio había llevado la voz moderada del oficialismo, endureció su postura al presentar su informe en Diputados. De un discurso cauteloso pasó a replicar el libreto presidencial: habló de “operación política” y acusó a Spagnuolo, lo que dejó en claro que las expresiones de Milei no fueron impulsivas, sino parte de una estrategia compartida.

La demora en reaccionar ya le había generado un costo político considerable al oficialismo, en plena recta final hacia las elecciones clave del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires. Si bien el violento ataque con piedras contra el Presidente en Lomas de Zamora desvió momentáneamente la atención pública de los audios, el Gobierno todavía encuentra dificultades para retomar la agenda de campaña contra el kirchnerismo.

Dentro del propio oficialismo reconocían ayer los errores cometidos en la estrategia de control de daños. Un colaborador lo resumió de manera gráfica: “Este es un Gobierno que sabe atacar, pero no se sabe defender. Es como el River de Gallardo, no sabe jugar metiéndose atrás”. La comparación reflejaba el clima de preocupación luego de semanas en que la oposición, tanto en el Congreso como a partir de los audios de Spagnuolo, no dejó de marcarle goles al Gobierno.