El Gobierno avanzó en el diseño de una nueva Ley de Inteligencia Nacional que enviará al Congreso en marzo. La iniciativa surgió tras la polémica que provocó el DNU 941/2025, que modificó por decreto la estructura vigente. En la Casa Rosada reconocieron que el decreto abrió un frente con la oposición y ahora buscan consolidar los cambios a través de una norma con aval legislativo.

El proyecto apuntará a reordenar el sistema y a fortalecer la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En el Ejecutivo explicaron que la reforma buscará avanzar «para jerarquizar la SIDE, profesionalizarla y despolitizarla». La referencia, señalaron, serán los principales servicios de inteligencia del mundo.

La iniciativa también incluirá garantías para el personal. Desde el oficialismo detallaron el objetivo político de fondo: «Queremos darle estabilidad al personal: en otras palabras, que sepan que si viene el kirchnerismo, no los van a revolear por el aire, como hizo Alberto Fernández». El mensaje expuso la intención de blindar el área ante un eventual cambio de signo político en el poder.

La oposición anticipó que intentará rechazar el DNU cuando se inicien las sesiones ordinarias. Frente a ese escenario, el Gobierno decidió avanzar con una ley más amplia que complemente el decreto y absorba parte de sus disposiciones. En Balcarce 50 consideran que una norma votada por el Congreso otorgará mayor previsibilidad institucional y reducirá el margen de cuestionamientos judiciales.

El debate sobre inteligencia se dio en paralelo a un reacomodamiento interno en la mesa chica presidencial. Santiago Caputo mantuvo influencia en el área, aunque su poder se redujo tras las elecciones legislativas. Karina Milei ganó protagonismo en la coordinación política y supervisó el armado parlamentario para las próximas reformas.

En el entorno presidencial sostuvieron que la nueva ley formará parte del paquete de iniciativas que Javier Milei presentará el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. Allí, el mandatario buscará «a agradecer a la gente por el esfuerzo» y afirmará que «se empiezan a ver resultados».

Con este movimiento, la Casa Rosada intentará consolidar el control del sistema de inteligencia y dotarlo de un marco legal propio, en medio de tensiones con la oposición y de una estrategia oficial que priorizó reformas estructurales durante el año.