El gobierno de Javier Milei avanzó con el envío al Congreso de un ambicioso proyecto de reforma electoral que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos y ajustar las reglas para la creación y sostenimiento de partidos. La iniciativa llegó en un contexto de tensiones políticas, con negociaciones presupuestarias estancadas y la oposición manifestando su resistencia.

El proyecto, denominado “Reforma para el fortalecimiento electoral”, propone en su primer título: «la eliminación del régimen de PASO, a efectos de que la ciudadanía deje de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida y que los partidos políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado nacional». Este cambio ha sido justificado en los considerandos del proyecto, que califican el mecanismo como un gasto excesivo e ineficaz. “El fracaso ha sido doble. No solo no se le otorgó un rol central a la ciudadanía a la hora de definir candidaturas, sino que se terminó por desgastar a los votantes mediante el establecimiento de un calendario electoral que puede llegar a prolongarse hasta por el término de seis meses”, señala el texto.

El Ejecutivo también argumenta que, en el actual contexto de austeridad fiscal, el costo de las PASO es injustificable. «En un contexto en el cual ya se ha explicado de manera reiterada lo indispensable de trabajar por lograr el equilibrio fiscal y lo imperioso de cuidar las cuentas públicas para poder lograr un crecimiento económico sostenido, el gasto que significan las PASO para el Estado nacional no solo luce como un despropósito, sino que, a la luz de todo lo expuesto previamente, deviene injustificado si se tiene en cuenta lo ineficiente que ha sido este mecanismo de primarias para lograr sus objetivos”, remarcaron.

Además de la eliminación de las PASO, el proyecto contempla una reforma profunda del financiamiento partidario. Propone suspender los aportes públicos para las campañas electorales y habilitar un sistema basado en financiamiento privado, siempre bajo estrictos controles. “El presente Proyecto de Ley propone un reordenamiento y un cambio de paradigma en lo que hace al gasto público en materia electoral para que el Estado nacional pueda contribuir al sostenimiento económico de las actividades de los Partidos Políticos de un modo que resulte transparente y eficiente para toda la sociedad”, explica el documento. Asimismo, se introduce un mecanismo para impedir que los partidos reciban fondos de personas involucradas en delitos como lavado de dinero, narcotráfico o financiamiento del terrorismo, y se establece una plataforma pública para garantizar la transparencia de los aportes privados.

El segundo eje del proyecto está relacionado con los requisitos para la conformación de partidos políticos. Busca endurecer las exigencias de afiliación y representación para evitar la proliferación de «sellos de goma». Por ejemplo, se propone elevar el porcentaje de afiliaciones necesarias para registrar un partido de distrito del 0,4% actual al 0,5%, incrementando también el límite de electores desde un millón hasta dos millones. Asimismo, los partidos nacionales deberán estar presentes en al menos diez distritos y contar con un mínimo del 0,1% de afiliados del padrón nacional.

A pesar de la resistencia opositora, en el oficialismo consideran que podría haber margen para lograr acuerdos. Algunos sectores del peronismo no kirchnerista y ciertos gobernadores podrían ver con buenos ojos la eliminación de las PASO, ya que les permitiría evitar competencias internas en sus distritos. Sin embargo, partidos como el PRO y la UCR han expresado su oposición, argumentando que necesitan las PASO para ordenar sus propias internas. «Nos llama la atención que el Ejecutivo anuncie ahora que enviará un proyecto de eliminación de las PASO, a menos de un mes de la finalización del período ordinario de sesiones, quedando su tratamiento inevitablemente para el año próximo. Siempre sostuvimos que no es correcto cambiar las reglas de juego en años electorales”, afirmaron desde el bloque opositor.

El debate también genera tensiones dentro del propio oficialismo. Algunos funcionarios preferían posponer la discusión hasta después de las elecciones legislativas, pero Milei optó por acelerar los tiempos. Este movimiento se interpreta como una estrategia para presionar a los gobernadores y a la oposición, especialmente en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2025.

El proyecto también incluye medidas controvertidas, como la eliminación de los espacios de publicidad gratuita y el endurecimiento de las reglas para mantener la personería jurídica de los partidos, lo que podría afectar a las agrupaciones más pequeñas. No obstante, también se propone facilitar la inscripción de afiliados a través de plataformas digitales, en un intento por modernizar el sistema.

Aunque el camino legislativo se vislumbra complicado, desde la Casa Rosada confían en que el contexto político y las necesidades de ciertos sectores podrían abrir una ventana para avanzar con esta reforma que prometen ser uno de los ejes centrales de la agenda del gobierno.