La semana pasada, Javier Milei expresó a su equipo técnico su intención de participar activamente en la elaboración del decreto que regulará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Su objetivo es acelerar el proceso y que el decreto sea publicado en el boletín oficial el 16 de agosto.

Por este motivo, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, y el vicejefe de gabinete, José Rolandi, se reunieron el viernes con el presidente en la quinta de Olivos. El encuentro comenzó por la tarde y se extendió hasta la noche.

Según fuentes, uno de los temas de debate es la redacción del artículo que permitiría a empresarios con inversiones anteriores al régimen integrarse al sistema mediante la adición de capital para alcanzar el umbral de US$200 millones.

Además, existen incertidumbres sobre qué industrias serán elegibles para los beneficios fiscales. Aunque la Ley Bases menciona a sectores como la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, aún no se ha determinado con precisión los detalles específicos de cada uno.

Diversos sectores empresariales han manifestado su descontento al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, debido a que no califican para los beneficios del RIGI. Este régimen ofrece una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias y permite la posibilidad de no liquidar divisas en el país después de tres años de adhesión.

El RIGI también contempla la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos y partes, además de liberar los derechos de exportación tras tres años de incorporación al sistema.

El Gobierno ha programado la firma del RIGI para la próxima semana, en línea con el esquema de reglamentaciones de la Ley Bases desarrollado por la mesa técnica. En Balcarce 50 se ha comentado la posibilidad de adelantar su publicación para esta semana debido a declaraciones de Francos, aunque aún no se ha tomado una decisión final.

Varios funcionarios implicados en la redacción del decreto han comentado que «no es posible que se llegue a publicar esta semana», debido a los controles que deben realizar las distintas áreas legales del Ejecutivo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que la implementación del RIGI estará bajo la responsabilidad del titular de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también desea participar en las negociaciones con los empresarios para fomentar su adhesión al régimen. Debido a esto, asumió el control de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AACI) y reemplazó a Julio Cohen por Diego Sucalesca, un experiodista que solía colaborar con Javier Milei en la producción de una obra de teatro.

El Gobierno también está acelerando la reglamentación del capítulo III de la Ley Bases, que introduce modificaciones en los procesos administrativos del Estado. Su objetivo es que esta reglamentación se publique en el boletín oficial este viernes.

Además, están impulsando los decretos que introducen cambios en las leyes de Hidrocarburos (17.319), de Concesiones (17.520) y de Gas Natural (24.076). La primera de estas leyes establece que el Gobierno no podrá intervenir ni fijar precios en el mercado interno, permitiendo a los concesionarios exportar libremente.

Mientras el presidente busca acelerar la publicación del RIGI, las tensiones dentro del Gobierno y las dudas entre sectores empresariales revelan una realidad preocupante. La falta de claridad y los desacuerdos sobre la aplicabilidad del régimen, sumados a la prisa por su reglamentación, podrían poner en riesgo su efectividad y generar más problemas de los que pretende resolver. A medida que se acelera la regulación de leyes clave y se redefinen las políticas económicas, es imperativo que el Gobierno resuelva estos conflictos internos para evitar que el RIGI se convierta en otro ejemplo de medidas apresuradas que fallan en cumplir sus objetivos.