Como de costumbre, el gobierno libertario justificó el nuevo ajuste en supuestas irregularidades en el manejo de dicho fondo.
El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal era una estructura que financiaba obras de infraestructura eléctrica en Argentina, cuyos fondos provenían del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Había sido creado en 1999 por la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de financiar obras para la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, particularmente en alta tensión.
Particularmente, apuntaba a proyectos que estuvieran destinados “al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas, teniendo por fin la mejora de la calidad del servicio junto a una mayor seguridad de la demanda”.
Entre las supuestas irregularidades detectadas, el Gobierno aseguró que no existían «manuales o instructivos internos formalizados que describan, de modo íntegro, la totalidad de las operatorias realizadas por el referido fondo», ni «un sistema integral de gestión y registro de la información financiera», lo cual, aseguraron, no permite que exista un adecuado control de los fondos que se destinaron a cada una de las obras.
También, destacaron el supuesto incumplimiento de normativas relacionadas con las contrataciones, demoras significativas en la ejecución de las obras y un aumento desproporcionado del personal a cargo del fondo.
Así Milei sigue adelante con su plan de desguace del Estado a favor de los intereses de los privados. En esa línea ya había disuelto, entre otros, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal; el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, siempre debido a supuestas irregularidades.
