A través del Decreto 332/2025, firmado por el propio Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno nacional eliminó oficialmente la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), encargada de seguir la pista de la criptoestafa vinculada al polémico token $LIBRA, promocionado desde las redes sociales del Presidente. El argumento formal, publicado este martes en el Boletín Oficial, fue que «la tarea encomendada por el Decreto N°114/25 fue cumplimentada, por lo que corresponde disolver la Unidad creada por el mismo».

Sin embargo, la decisión generó fuertes suspicacias, ya que se conoció en paralelo a un pedido judicial presentado por los damnificados del caso, quienes exigen una batería de medidas para avanzar en la investigación. Mientras Milei celebraba los resultados electorales en la Ciudad de Buenos Aires, los querellantes, encabezados por Martín Romeo y su abogado Nicolás Oszust, se presentaron en Comodoro Py con una denuncia reforzada: identificaron al menos 74 billeteras virtuales que compraron grandes cantidades de $LIBRA antes del tuit presidencial del 14 de febrero, lo que implicaría el uso de información privilegiada.

Las operaciones, trazadas a través del análisis de blockchain, revelaron ganancias multimillonarias. Algunas wallets manejaron cifras que superaron el millón y medio de dólares en una sola operación, fondeadas desde cuentas en exchanges como Binance, Coinbase, Bybit, Kucoin, Mexc y Bidget. Según explicaron especialistas, “nadie invierte en un memecoin si no sabe que se está por venir algo”.

La UTI, que ahora fue eliminada, funcionaba dentro del Ministerio de Justicia y tenía como función principal coordinar información con organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), Migraciones, Casa Militar, Banco Central y la Secretaría General de la Presidencia, bajo control de Karina Milei. Su informe, presentado al Ministerio Público Fiscal, fue la excusa utilizada por el Gobierno para cerrar la unidad. Pero los nuevos datos difundidos por la querella muestran que hay mucho más por investigar.

MILEI Y CÚNEO LIBARONA DISOLVIERON LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN (UTI) SOBRE LA ESTAFA $LIBRA

Así lo estableció el Decreto 332/2025, firmado ayer y publicado hoy. Hasta ahora, se negaron a hacer público el informe de la UTI. ¿Qué están ocultando? Ya presentamos el pedido de acceso… pic.twitter.com/4LeJCKyuQP

— Juan Marino (@JuanMarinoTPR) May 20, 2025

El token $LIBRA, impulsado por la empresa Kelsier Ventures, cuyo CEO Hayden Mark Davis fue fotografiado junto a Milei, sigue generando interrogantes. Según Davis, gracias al proyecto respaldado por el Presidente, tiene en su poder cerca de “100 millones de dólares que pertenecen a la Argentina”. El escándalo creció cuando se descubrió que muchas de las billeteras involucradas ya habían participado en otros proyectos de Davis, como $MELANIA y $WILF, obteniendo también beneficios inesperados.

Entre las medidas solicitadas ahora por la querella se encuentra el rastreo del traductor del Presidente, Walter Kerc, presente en la reunión entre Milei y Davis, según una nota periodística. “Demás está decir que el testigo que aquí se solicita es totalmente relevante para la investigación, ya que es crucial conocer el contenido de la conversación entre los imputados Milei y Davis”, se remarca en el escrito judicial.

También se pidió acceder a las cámaras del Hotel Four Seasons, donde Davis se hospedó en noviembre del año pasado. Según el periodista Hugo Alconada Mon, en la noche del 21 de noviembre de 2024 se realizó allí un festejo del entorno de $LIBRA. “El ‘empresario’ detrás de $LIBRA, Hayden Mark Davis, y su equipo celebraron. Cenaron, pidieron tragos varios y brindaron con champagne. Y cuando les preguntaron por qué, la respuesta fue contundente: replicaron que el presidente Javier Milei les había firmado ‘todo’”, relató en su artículo.

Además, se pidió a las empresas Claro, Telefónica y Telecom que informen si el número registrado por Davis durante su estadía en el hotel consumió datos desde sus redes, y en caso afirmativo, se libere el listado de llamadas, mensajes y localización de antenas.

Mientras todo esto avanza en la Justicia, crece el malestar entre los denunciantes, que no comprenden cómo se puede cerrar una unidad que apenas había comenzado a rascar la superficie del caso. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, deberá decidir si avanza con los nuevos pedidos o si, como hizo el Gobierno, da por terminado un capítulo que recién empieza.

La disolución de la UTI no sólo deja sin respaldo institucional una investigación que compromete al entorno presidencial, sino que sienta un precedente alarmante: el poder Ejecutivo se desliga de una pesquisa que lo involucra directamente. ¿Casualidad o maniobra? La respuesta está –o debería estar– en manos de la Justicia.