En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei realizó un balance de su gestión y criticó duramente la reciente aprobación de leyes en el Congreso que, según afirmó, ponen en riesgo el superávit fiscal y la estabilidad económica del país. Además, anunció dos medidas para intentar blindar el equilibrio de las cuentas públicas y mantener su programa económico.

El mandatario abrió su discurso recordando el mandato que recibió: terminar con la inflación y sentar las bases para un crecimiento sostenido. Según Milei, tras un año y medio de políticas orientadas al orden fiscal, monetario y cambiario, “la inflación se ha desplomado”, pasando de una tasa interanual del 300% al 25%, y anticipó que para mediados del próximo año podría desaparecer. Aseguró que, en este periodo, 12 millones de personas salieron de la pobreza, entre ellas 2,5 millones de jóvenes, y que la indigencia disminuyó del 20,2% al 7,3%.

“Cerca de 6 millones de personas a las que no les alcanzaba para comer, hoy comen”, dijo. Y añadió que los salarios privados muestran mejoras continuas frente a la inflación desde abril del año pasado.

El Presidente explicitó que el camino iniciado exigió sacrificios y admitió que no se resolvieron todos los problemas heredados. “No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo”, señaló, y reforzó su argumento de que toda mejora requiere esfuerzo y tiempo.

“Antes de generarle falsas ilusiones a los argentinos, nosotros optamos por ser francos en decirles cuan duro sería el camino y ser firmes a la hora de recorrerlo, entendiendo que nada valioso en la vida ocurre de la noche a la mañana”, dijo.

En ese sentido, señaló que sería sencillo acompañar cualquier iniciativa de gasto del Congreso y desentenderse de las consecuencias, como hicieron sus antecesores, pero afirmó que “su tarea es garantizar el bienestar de los 47 millones de argentinos”, aún al costo de ser señalado como “cruel”.

Además, advirtió sobre las consecuencias de retroceder respecto al equilibrio alcanzado. Argumentó que, dado el “peor historial de defaults de los últimos 100 años”, la Argentina carece de acceso al financiamiento internacional, por lo que “cualquier gasto adicional debería recurrir a la emisión monetaria o el alza de impuestos”, ambos caminos que, sostuvo, conducirían a la hiperinflación, la pobreza y el estallido social.

“No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”, sentenció.

En este contexto,Javier Milei anunció las dos nuevas decisiones que tomará para blindar el equilibrio fiscal y la política monetaria. Primero, firmará una instrucción al Ministerio de Economía

para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria y, de manera formal, quedará vedado solicitar dinero prestado al Banco Central. Segundo, enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal. La regla fiscal exigirá equilibrio o superávit y toda modificación deberá estar respaldada por recortes equivalentes. La iniciativa incluirá sanciones para los legisladores y funcionarios que no cumplan con las nuevas normas.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, precisó.

Milei dedicó una parte significativa de su exposición a confrontar con el Congreso, al que acusó de impulsar leyes que aumentan el gasto público sin un respaldo financiero claro. Citó la reinstalación de la moratoria previsional, el aumento del salario docente y las pensiones por discapacidad, señalando que estos proyectos significarían un gasto adicional del 2,5% del PBI. Aseguró que esto implicaría un fuerte endeudamiento o mayor emisión monetaria, lo que desembocaría en inflación y empobrecimiento.

El jefe de Estado consideró que detrás de las iniciativas parlamentarias hay una motivación de “poder” y no una real preocupación por el bienestar de jubilados, docentes o personas con discapacidad. Sostuvo que su deber como jefe del Estado es velar por el bienestar a largo plazo de la sociedad, aunque eso implique costos en popularidad.

“Esto se trata de una clase política que hace dos años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir”, explicó.