Javier Milei se prepara para dar uno de sus primeros pasos clave del 2025: anunciar el llamado a sesiones extraordinarias. En los próximos días, se espera que el decreto oficial sea presentado, marcando el inicio de una nueva etapa en la estrategia política del Gobierno. Tras un diciembre marcado por la intensidad y un breve receso navideño, el equipo cercano al Presidente busca retomar la iniciativa y establecer la agenda que propondrá al Congreso. Las deliberaciones giran en torno a abrir el Parlamento hacia finales de enero o principios de febrero.

Desde la Casa Rosada aseguran que solo restan ajustes finales para formalizar el anuncio. Sin embargo, en política, esos detalles menores pueden determinar el éxito o fracaso de cualquier plan. En este contexto, el oficialismo enfrenta el desafío de negociar con una oposición fragmentada y aliados circunstanciales, como el PRO de Mauricio Macri y sectores del peronismo no kirchnerista. Las conversaciones requerirán un equilibrio preciso para lograr avances significativos en un año con alta carga electoral.

Entre las prioridades del Gobierno se destacan dos temas controvertidos: la eliminación de las PASO y el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos ministros de la Corte Suprema. La salida de Juan Carlos Maqueda, quien dejó su cargo tras cumplir 75 años en diciembre, dejó al tribunal con solo tres jueces, lo que pone en riesgo su funcionamiento regular. Aunque inicialmente se evaluó designar a los nuevos magistrados en comisión, el oficialismo descartó esta posibilidad por su alto costo político.

En el Senado, la aprobación de los pliegos de Lijo y García-Mansilla requiere 48 votos, un objetivo complicado en un escenario polarizado. José Mayans, líder del interbloque peronista en la Cámara alta, ya había advertido al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que los 33 senadores de su bloque bloquearán cualquier intento unilateral de avanzar mediante decretos.

Otro tema relevante en la agenda es la eliminación de las PASO. Milei promueve esta medida como parte de una estrategia de austeridad, que también modificaría el panorama político actual. En Diputados, las negociaciones aún están en una etapa preliminar, pero sectores del kirchnerismo y del PRO han mostrado disposición para debatir una posible suspensión de las primarias. En el bloque liderado por Cristian Ritondo, una parte significativa de los legisladores estaría dispuesta a apoyar esta iniciativa, mientras otros consideran alternativas, como la propuesta de María Eugenia Vidal, que plantea hacer opcionales las internas partidarias.

Por otro lado, Milei decidió postergar ciertos aspectos de su reforma política, como la flexibilización de las reglas de financiamiento de campañas y la eliminación de los límites a los aportes privados. Tampoco avanzará con modificaciones a la ley de partidos políticos, que buscan evitar la proliferación de “sellos de goma”.

La Ley Antimafias también podría ser incluida en las extraordinarias. Esta iniciativa, que agrava las penas por narcotráfico, ya cuenta con media sanción en Diputados. Otro proyecto controvertido en evaluación es la privatización de Aerolíneas Argentinas, que enfrenta resistencia tanto en el Congreso como en los gremios aeronáuticos. Mientras que los sindicatos rechazan de plano esta medida, algunos sectores consideran que es necesaria para reducir el gasto público.

El proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condenas firmes accedan a cargos públicos, también podría formar parte del temario. A pesar del apoyo transversal que ha recibido, su tratamiento anterior fracasó, generando tensiones entre Milei y sectores del PRO. Asimismo, el oficialismo analiza impulsar el juicio en ausencia, una herramienta destinada a avanzar en casos judiciales complejos como el atentado a la AMIA. Aunque la iniciativa logró dictamen de mayoría, no alcanzó el quórum necesario en las últimas sesiones ordinarias.

Un gran ausente en las extraordinarias será el Presupuesto 2025. Por segundo año consecutivo, Milei optó por prorrogar el presupuesto de 2023, una decisión que le permite mayor flexibilidad en la administración de las cuentas públicas. Las negociaciones sobre este tema se estancaron debido a las demandas de gobernadores radicales y del PRO, que exigían medidas como el pago de deudas previsionales y una redistribución más equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional. Ante estas exigencias, el Gobierno interrumpió el diálogo y reafirmó su compromiso con la regla del déficit cero.