Javier Milei dio un nuevo paso clave hacia la privatización definitiva de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al aprobar un nuevo marco regulatorio para la empresa, que busca adaptar su condiciones para su próxima venta. Asimismo, se autorizó el corte del servicio por falta de pago.

Así lo hizo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, el cual aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de la Ley 26.221, que define el régimen bajo el cual opera la empresa abocada al servicio cloacal en el AMBA.

El decreto, firmado por Milei y todo el gabinete, señala que era necesario “dar certeza jurídica” antes de avanzar con la licitación del 49% de las acciones de AySA: un 44% a venderse a privados y un 5% que se distribuirá en un Programa de Propiedad Participada para trabajadores, según lo previsto en las normas previas.

Además, la resolución indica que se permitirá a la empresa interrumpir el suministro en casos de mora: después de 60 días de atraso para hogares y 15 días para otros usuarios, previa notificación con al menos siete días hábiles de anticipación.

El Gobierno remarcó que durante la revisión técnica del marco regulatorio detectó errores materiales en la normativa vigente, especialmente en el régimen tarifario relacionado con los “cargos por construcción”. Esos errores, argumenta el DNU en sus considerandos, alteraban la lógica histórica del sistema y generaban inconsistencias en la facturación entre usuarios medidos y no medidos.

De este modo, el nuevo marco regulatorio aprobado por el DNU 805/2025 integra todas las modificaciones hechas en los últimos meses, incluyendo los cambios que introdujo el Decreto 493/2025, que había ampliado el área de cobertura, actualizado normas técnicas y dejado preparados varios aspectos del servicio para la futura administración privada

La privatización de AySA

AySA fue declarada “sujeta a privatización” por la Ley 27.742 (Ley Bases) del año pasado. Posteriormente, en agosto último, el Ministerio de Economía ya había puesto en marcha la privatización mediante la Resolución 1198/25.

Con esa resolución, se había dispuesto la venta del 90% de las acciones de la compañía al sector privado, que, según esa resolución, debe completarse en un plazo de ocho meses, es decir a más tardar en abril de 2026.

Economía precisó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, definir la venta en el plazo de ocho meses y llevar a cabo todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.

Además, mediante el mismo Decreto 493/2025, se incluyó la habilitación a los cortes de suministro en caso de deuda del cliente. Al respecto, el DNU incorporó al «marco regulatorio» de AySA un inciso que indica que se «podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 81 del presente Marco Regulatorio», favoreciendo la rentabilidad de un futuro operador privado.