En la oficina de la Jefatura de Gabinete, dirigida por el ministro Nicolás Posse, se maneja con especial reserva la cantidad exacta de empleados públicos que perderán sus puestos de trabajo en el Estado para finales de este mes. Es notable que la decisión de anunciar estos despidos masivos coincida con el próximo fin de semana prolongado debido a los feriados de Jueves 28 y Viernes 29 de abril, correspondientes a Semana Santa, así como los feriados puente del lunes 1 y martes 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano de la guerra por Malvinas.

El gobierno está buscando mitigar las posibles repercusiones de los anuncios de despidos masivos, mientras los sindicatos de empleados estatales se preparan para protestar por las medidas ya ejecutadas: se espera que entre 10.000 y 15.000 trabajadores contratados sean desvinculados este miércoles 27 de marzo, último día hábil del mes, como resultado del decreto firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el cual renovó por únicamente tres meses los contratos de aproximadamente 70.000 empleados estatales.

Aunque Milei mencionó que cesaría a los 70.000 contratados, fuentes de Casa Rosada señalaron que no todos serán despedidos y aseguraron que la medida afectará exclusivamente a aquellos que no desempeñen una función específica o trabajo concreto, es decir, aquellos considerados «ñoquis» o «empleados militantes». No obstante, también se verán afectados trabajadores de áreas que el gobierno de Milei ha cerrado, incluyendo más de 50 secretarías y organismos o empresas del Estado.

«70.000 es el universo de contratos actualmente en revisión. Los despidos se llevarán a cabo en etapas. En marzo, se estima que afectarán alrededor del 20% del total, pero el número final se conocerá en abril, con la finalización de las liquidaciones. Aquellos cuyos contratos se renueven, lo serán por tres meses y continuarán siendo revisados por etapas», aclararon desde la Casa Rosada.

Estas decisiones se basan en las auditorías realizadas por la SIGEN y los ministerios, así como las autoridades de los diferentes organismos públicos en los últimos tres meses.

Sin embargo, denuncias de los sindicatos estatales, como ATE y UPCN, han advertido que los despidos han afectado a trabajadores de planta permanente, lo cual el Gobierno ha calificado como un «error«.

Según fuentes con acceso en la Casa Rosada, los detalles precisos de la reducción final se revelarán a fines de abril, una vez que se hayan completado las liquidaciones de sueldo. Estas fuentes aseguraron que no disponen de una lista exhaustiva de los despidos.

«Todos aquellos que actualmente están cumpliendo sus labores y que son necesarios para las operaciones de sus respectivas áreas seguirán trabajando«, afirmaron las fuentes.

Aunque Posse ostenta el cargo de jefe de Gabinete, ha delegado la responsabilidad de los despidos a los jefes de cada área u organismo estatal, para que tomen decisiones sobre quiénes serán retenidos y quiénes serán despedidos en esta primera ola masiva de recortes de empleados públicos. Esta medida se produce después de que dos de sus principales colaboradores renunciaran debido a su desacuerdo con la firma de dichas medidas.

El Gobierno está apostando a enfrentar las protestas sindicales con un discurso firme respaldado por encuestas que indican que Milei mantiene el apoyo de más del 50% de los argentinos que lo votaron, a pesar de la crisis. En este contexto, se mantienen las medidas en una marcada confrontación con lo que considera el principal adversario: el kirchnerismo.

Para ello, ha lanzado lo que Milei denomina la «batalla cultural contra la corrupción«, que ha incluido una serie de denuncias sobre diversos aspectos simbólicos vinculados al kirchnerismo. Por ejemplo, se destacó el video del 24 de marzo en el que se denunciaron irregularidades en la entrega de indemnizaciones a las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976.

Esta batalla cultural también se ha manifestado a través de cambios de nombres y la retirada de símbolos asociados a los gobiernos kirchneristas. Ejemplos de esto incluyen la transformación del antiguo Salón de las Mujeres del Bicentenario de Cristina Kirchner en el Salón de los Próceres en la Casa Rosada, la remoción de la estatua de Néstor Kirchner en el Senado, y los cambios de nombre de espacios como el Centro Cultural Kirchner que funciona en el exedificio del Correo Argentino, a metros de la Casa Rosada.

Esta confrontación con el peronismo más opositor y, en particular, con el kirchnerismo, le sirve a Milei como estrategia para buscar aliados en otras fuerzas políticas y construir un nuevo escenario político en el Congreso, con el objetivo de obtener apoyo para la ley ómnibus después de Semana Santa, como paso previo a la firma del Pacto del 25 de Mayo en Córdoba.

El pasado 23 de diciembre, el Ejecutivo emitió el decreto 84/2023 que establecía una renovación de tres meses para los trabajadores contratados. Durante este período, el Gobierno llevó a cabo un relevamiento para determinar qué trabajadores serían retenidos en la nómina.

«Si el Estado avanza en el recorte de entre un 20% y un 30% de los contratados, considerando que son un poco más de 70.000 los cuyos contratos vencen el 31 de marzo, podríamos enfrentar entre 14.000 y 21.000 despidos«, advirtieron desde ATE, amenazando con «no tolerar despidos injustificados» y convocando a una asamblea de delegados en los próximos días para definir un nuevo curso de acción.

Los empleados estatales podrían contar con el respaldo de otros gremios afiliados a la CGT oficial y la CTA, que ya evalúan la posibilidad de convocar a un segundo paro general durante la administración de Milei.

«El objetivo es reducir el tamaño del Estado«, señalan desde el Gobierno, en un relato que el vocero Manuel Adorni intenta sostener a diario, mientras la jefatura de gabinete y sus nuevos funcionarios trabajan arduamente en la reestructuración del organigrama final.

En este estado de situación se encuentran las más de 40 empresas del Estado, que iniciarán el proceso de «saneamiento» para su transformación en Sociedades Anónimas, previo a la determinación de su destino final.

Se argumenta que en muchos casos hay superposición de funciones entre agentes de diferentes áreas y organismos públicos. La intención es eliminar las áreas duplicadas y reubicar o despedir a sus empleados, en caso de tratarse de cargos políticos. Ahora, Milei apunta a la eliminación del 50% de las subsecretarías, direcciones y coordinaciones que aún permanecen.

Mientras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se mantenga vigente, Milei continuará avanzando en la reestructuración de empresas y organismos descentralizados. Sin embargo, no hay una fecha precisa para su cierre o privatización; será «analizado caso por caso» y estará sujeto a las normativas que rigen en cada situación. Se enviarán al Congreso para su evaluación, a fin de evitar posibles juicios, denuncias y protestas sociales.