Los números ya están sobre la mesa. Y a diferencia de lo que sucedió con el veto de la recomposición en la movilidad jubilatoria, el Gobierno corre riesgo de que el Congreso rechace el veto sobre Ley del Financiamiento Universitario. 

Y, dado que la Casa Rosada pone en duda el apoyo de los bloques aliados de la Cámara de Diputados para sostener el veto, el Gobierno ya piensa en una alternativa: judicializar la Ley, respaldándose en la Ley de Administración Financiera (24.156) para defender la medida ante la Justicia.

Las presentaciones judiciales del presidente están a cargo del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. Puede elevar el proceso ante la Corte Suprema mediante un per saltum o derivarlo al fuero Contencioso Administrativo Federal.

Como sea, la negociación en el Congreso por el Presupuesto 2025 comenzará el 8 de octubre. Los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas) defenderán el proyecto ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Estará también Rolandi.

La Casa Rosada sostiene que seguirá negociando con los bloques aliados para sostener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en la reunión del lunes próximo. Se trata de la mesa legislativa que integran La Libertad Avanza, el PRO y el MID.

En ese escenario, donde el oficialismo tiene entre ceja y ceja judicializar la cuestión en caso de un revés legislativo, comenzó la decisión técnica en términos jurídicos. Según abogados constitucionalistas, el concepto de “judicializar el veto” no existe. “Es constitucionalmente imposible”, indicó Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. “Es imposible, el Poder Ejecutivo no tiene legitimación procesal para hacerlo”, dijo. Y aclaró que “si el Congreso insiste con los dos tercios de ambas Cámaras, el Presidente debe cumplir la ley”.

“Si el Gobierno no sigue la voluntad de los diputados y senadores, esto podría ser visto como causal de juicio político por mal desempeño y abuso de poder”, sumó otro letrado especializado.

Según los especialistas, Milei iría contra la decisión del Congreso porque el artículo 83 de la Constitución Nacional determina que, luego de que un veto sea publicado en el Boletín Oficial, el proyecto debe volver al recinto donde comenzó su debate. En este caso es la Cámara de Diputados. Si allí se aprueba la Ley de Financiamiento Universitario con dos tercios de los votos -y se rechaza al veto-, el proyecto va a la cámara revisora, el Senado.

En rigor, el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.

Esto también generarle otra preocupación al Milei: la posibilidad de sufrir un juicio político. Algo que sería un escenario muy desfavorable para el primer mandatario luego de tener dos tercios del Congreso en contra si es que rechazan su veto sobre la ley de e Financiamiento Universitario.