La jornada de este miércoles 11 de febrero se anticipa como una de alta tensión política y social frente al Congreso de la Nación. En la antesala del tratamiento en el Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, la CGT, las dos CTA, movimientos sociales, organizaciones piqueteras, gremios docentes y jubilados ultiman detalles de una movilización que prometen será multitudinaria.

La protesta tendrá su epicentro en la Plaza del Congreso, aunque desde el mediodía comenzarán a concentrarse columnas en distintos puntos del centro porteño, como el Obelisco. La CGT convocó formalmente a marchar desde las 14.30, mientras que el acto central está previsto para las 17 horas.

En este marco, los gremios del transporte nucleados en la CGT realizarán un cese de tareas desde las 13, sin paralización total, para facilitar la asistencia de los trabajadores a la movilización. En tanto, las CTA y ATE confirmaron un paro de 24 horas, una medida que la central obrera decidió reservar para una eventual instancia posterior, cuando el proyecto avance hacia Diputados.

Desde la conducción cegetista, el mensaje fue contundente. “No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos”, señalaron en la convocatoria, donde remarcaron que el objetivo es frenar una iniciativa que consideran regresiva en materia laboral, previsional y federal.

La movilización también contará con el respaldo de espacios políticos opositores, entre ellos La Cámpora, sectores de la izquierda y organizaciones sociales como la UTEP, cuyo secretario general, Alejandro Gramajo, llamó a movilizar “por derechos y dignidad para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.

En las horas previas, referentes sindicales intensificaron las críticas al proyecto oficial. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, sostuvo que la reforma fue elaborada con un “criterio antisindical” y advirtió que apunta a desfinanciar y debilitar a las organizaciones gremiales, más que a generar empleo genuino.

Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar lanzó una advertencia directa a los gobernadores: “Los que avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, y denunció que “todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer”.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad anticipó un operativo especial con vallados en las inmediaciones del Congreso, controles en los accesos y un despliegue coordinado de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del Senado durante el debate y aplicar el protocolo antipiquetes.

La vigilia sindical y social de este martes marca el pulso de una protesta que excede la discusión parlamentaria. Para los convocantes, la reforma laboral representa un punto de quiebre y el inicio de un conflicto mayor. Para el Gobierno, una prueba decisiva para avanzar con uno de los ejes centrales de su programa. Mañana, el Congreso volverá a ser el escenario de un choque de modelos que promete dejar huella.