Mientras la inflación se sigue comiendo los ingresos el INDEC mostró de nuevo una tendencia de aumento creciente de la indigencia en el país, los conflictos gremiales y sociales en reclamo de aumentos salariales terminaron acaparando todos los debates.

La discusión se potenció no solo entre empresas y gremios por la dura puja distributiva, sino dentro del Gobierno y en la primera jornada de debate del Presupuesto 2023 en el Congreso, con el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezando la defensa del plan económico del Gobierno.

Mientras las organizaciones sociales y gremios de izquierda que integran la Unidad Piquetera, volvieron a copar las calles porteñas con un acampe de más de 36 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno rechaza nuevos aumentos.

Por otra parte, el duro conflicto gremial del sector de neumáticos se transformó en la punta de lanza de un sindicalismo combativo que pretende poner en duda el plan de ajuste implementado por el nuevo ministro y amenaza con paralizar toda la cadena de producción.

Dentro mismo del oficialismo, se encendieron las alarmas de una nueva interna sobre el manejo de la crisis, que se potenció por la imparable inflación y los reclamos de aumentos salariales que el kirchnerismo considera «urgentes» y el Gobierno intenta patear para octubre. Cristina Kirchner pidió vía Twitter relanzar las políticas de control de precios de alimentos.

En ese sentido, volvió la Vicepresidenta a opinar sobre la gestión por primera vez después del atentado, y desde que Sergio Massa es ministro de Economía, para reclamar al Gobierno aumentar los controles sobre las empresas alimenticias formadoras de precios. Cristina se hizo eco del aumento del índice de indigencia dado a conocer este miércoles por el INDEC.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni volvió a quedar en el ojo de la tormenta en las últimas semanas.

Lo intentó ayudar Juan Manzur, desde la Casa Rosada al poner a disposición del conflicto a todo el Gabinete Nacional acusando a los dirigentes sindicales del sector de tomar una postura «inflexible» y reclamar el diálogo para no poner en riesgo la producción de automóviles y miles de fuentes de trabajo en el país.

Pero también el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren y el propio presidente Alberto Fernández, hicieron gestiones por separado con dirigentes gremiales de la CGT los gordos y el ahora kirchnerista Pablo Moyano, que había expresado su apoyo al reclamo del Sutna.

Pero fue la diputada del bloque de Izquierda, Romina del Plá quien puso a Massa en una situación incómoda cuando el ministro defendía el Presupuesto 2023 e irónicamente lo felicitó «por no haber nombrado la palabra inflación». Massa se sumó a la polémica y le retrucó que lejos de ponerse del lado de las patronales, como lo acusaron, el Gobierno financió durante la pandemia los sueldos de todos los trabajadores, otorgando los ATP a las empresas «para sostener el empleo».

El Gobierno intenta, pero le cuesta sostener el plan económico de ajuste fiscal, sin poder mostrar la promesa de justicia social, el principal estandarte del peronismo, y ahora se encuentra con sectores de izquierda copándole las calles.

Queda claro que el plan de normalización de la economía que lleva adelante Massa comienza a encontrar sus propios límites.

Días atrás, intendentes del Frente de Todos de la primera y tercera sección electoral se reunieron para hablar de la gestión, pero fundamentalmente para hacer fuerza en el reclamo por fondos, la máximo preocupación de los jefes comunales, quienes entienden que el nivel de conflictividad que está exhibiendo el Sutna, es la punta de un iceberg aún mucho mayor que podrá sentirse el año que viene y traducirse en derrota electoral.