En medio de un panorama político complejo, el Gobierno evalúa la posibilidad de nombrar por decreto a dos jueces en la Corte Suprema. La propuesta, que involucra a los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, surge como respuesta al bloqueo legislativo que enfrentan en el Congreso. Esta alternativa, mencionada inicialmente en octubre, busca consolidar una mayoría afín en el máximo tribunal.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que esta opción está bajo análisis, aunque aún no se ha tomado una decisión. Según explicó, la intención principal es que las designaciones se debatan y aprueben en el Senado. Sin embargo, reconoció las dificultades de avanzar en un escenario donde el oficialismo es minoría. “Todo cuesta más en estas condiciones. Esperamos que en el futuro tengamos una posición más sólida”, señaló.

La estrategia podría emular la utilizada en 2015 por Mauricio Macri, quien intentó designar a dos jueces mediante un decreto durante el receso legislativo. El Gobierno actual se ampararía en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que permite al Presidente llenar vacantes de forma provisoria hasta el fin del siguiente período legislativo.

Mientras tanto, en el Senado, la candidatura de Lijo ya cuenta con el apoyo necesario para ser tratada en el recinto gracias a la reciente adhesión de la senadora Lucía Corpacci. Este movimiento generó sorpresa incluso dentro del bloque oficialista, ya que pocos estaban al tanto de la decisión de la exgobernadora de Catamarca. Corpacci habría actuado en coordinación con figuras como Sergio Uñac, Juan Manzur y Gerardo Zamora, quienes respaldan a Lijo.

No obstante, la obtención de los dos tercios de los votos necesarios para su designación sigue siendo un desafío. Sin el apoyo del peronismo, alcanzar los 48 votos requeridos parece improbable. Algunos sectores consideran posible que el oficialismo logre sumar aliados y disminuir el rechazo dentro del bloque opositor, aunque las divisiones internas dificultan cualquier acuerdo.

La postura del peronismo

El peronismo, por su parte, ha expresado su disposición a negociar, pero con condiciones. Según fuentes del bloque, aceptarían la designación de Lijo siempre y cuando se elija a una mujer para ocupar la segunda vacante en la Corte. Entre los nombres sugeridos figura María de los Ángeles Sacnun, una figura cercana a diversos sectores del justicialismo.

Sin embargo, desde el peronismo también advirtieron que, si el Gobierno avanza con designaciones por decreto, buscarán revertirlas en cuanto sea posible. “En la primera oportunidad que tengamos, se los anulamos”, habría sido el mensaje enviado a la Casa Rosada. Este escenario abriría la puerta a nuevos conflictos legales y políticos, ya que especialistas en derecho constitucional coinciden en que las designaciones por decreto perderían legitimidad si el Senado rechaza los pliegos.

La posibilidad de designar jueces por decreto plantea interrogantes sobre la viabilidad política y jurídica de la estrategia. Aunque el artículo constitucional habilita esta herramienta, su uso podría enfrentar cuestionamientos y resistencia en el ámbito legislativo. Además, uno de los candidatos, Ariel Lijo, habría expresado dudas sobre aceptar el cargo bajo estas condiciones, lo que añadiría un obstáculo más al plan oficialista.

Por otro lado, García-Mansilla parece más dispuesto a aceptar esta vía, aunque su pliego aún no cuenta con las firmas necesarias para ser debatido en el Senado. Esto refleja la incertidumbre en torno a la viabilidad de la propuesta y el riesgo de profundizar las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En conclusión, la decisión del Gobierno de avanzar o no con esta estrategia dependerá tanto de los movimientos en el Congreso como de los cálculos políticos de cara al próximo año legislativo. Si bien la maniobra podría consolidar una mayoría en la Corte durante un tiempo limitado, también podría desencadenar enfrentamientos que compliquen aún más el panorama institucional.