El sciolismo la aprobó en 2014. Casi ningún intendente adhirió. Raúl Othacehé fue el primero en sumarse, cuando ya había perdido las PASO. Vidal intentó anular la ley en 2016.y el peronismo puso el grito en el cielo. En 2018 la Corte bonaerense ratificó la normativa.Pero la ley no sabe de grietas: la mayoría de los intendentes peronistas se resiste a adherir. Entre los macristas predominan los que acordaron.
A fines de agosto del 2015, Merlo era gobernado por Raúl Othacehé, quien había perdido las PASO hacía pocas semanas. El por entonces intendente firmó la adhesión al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los empleados municipales. Minutos después, fue refrendado por el Concejo Deliberante local. De esta manera, Merlo fue el primer municipio en ajustarse a la nueva ley 14.656 de Relaqciones Laborales y Negociación Colectiva para los municipales bonaerenses.
La ley fue aprobada por el Congreso provincial en noviembre del 2014, promulgada por Daniel Scioli en diciembre de ese año y puesta en vigencia el 6 de julio del 2015. Sí, antes de las PASO.
Cada distrito se tenía que adherir para que entre otros derechos, la ley garantice la estabilidad del trabajador, fije la obligatoriedad de las paritarias y del salario mínimo vital y móvil, estipule que la contratación a prueba no supere los doce meses, que ingresen por concurso y que los contratados no superen el 20% de la planta de personal.
Cambió el color político de la mayoría estructuras estatales. Al mes de asumir, el peronismo y los gremios salieron fuertemente a criticar a María Eugenia Vidal porque la flamante gobernadora dejaba sin efecto -por medio de un decreto- la ley 14.656 que garantizaba la celebración de paritarias y reflotó una vieja ley del duhaldismo, la 11.757, declarada inconstitucional en muchos de sus puntos, que permite a los intendentes otorgar aumentos de manera unilateral.
Sin embargo, a fines de junio del 2018, la Corte de Justicia provincial le dio la razón a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) y suspendió 22 artículos de un decreto de Vidal que limitaba los derechos adquiridos por ley por los trabajadores de los distritos.
En un fallo emitido el miércoles pasado, el máximo tribunal resolvió, por mayoría, “hacer lugar parcialmente” al pedido de “inconstitucionalidad” del decreto gubernamental 784/16 que reglamentaba la Ley 14.656 (Régimen Marco de Empleo Municipal) y dictó la “suspensión provisional” de 22 de los 24 artículos que la Fesimubo calificaba de “ilegales”.
Pareciera que la ley tenía amantes y detractores con la misma lógica de la grieta que divide a la clase política argentina. Pero cuatro años después de su entrada en vigencia, los intendentes peronistas se resisten a adherir a la ley provincial y la mayoría de los firmantes son del frente Cambiemos.
La bronca la tiran desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, que comanda Rubén «Cholo» García. «Como peronista, nos molesta que sean peronistas y del conurbano la mayoría de los intendentes que se resisten a firmar un convenio que defienda a sus trabajadores», resume García, también líder de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina.
En la tercera sección electoral, cuna peronista, solo seis de los 19 municipios acordaron un CCT con sus trabajadores: dos peronistas, Ensenada y Cañuelas, y cuatro de Cambiemos, Lanús, Quilmes, San Vicente y Brandsen. No firmaron un CCT La Matanza, Lomas de Zamora (ambos están negociando uno), Avellaneda, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza, Florencio Varela y Berazategui.
En la primera sección, 12 de los 24 distritos acordaron un convenio. Seis son de Cambiemos: San Isidro, Morón, Pilar, Campana, General Rodríguez y Suipacha. Otros seis son del PJ: José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Escobar y Mercedes. ¿Qué distritos peronistas no firmaron? San Martín, Tigre, San Fernando, Hurlingham, San Miguel (integra Cambiemos) e Ituzaingó.
En la mayoría de esos municipios indicaron que se adecuaron a la ley 14.656 a través de ordenanzas o enumeraron los aumentos salariales del último año, que, vale aclarar, en casi todos los casos fueron muy superiores a los aumentos de los estatales nacionales y provinciales.
Pero para el FESIMUBO no es lo mismo. «Los beneficios de un convenio colectivo se mantienen», responde García. «En el conurbano, los intendentes tienen miedo de perder el control de sus empleados. Son peronistas de las puertas para afuera, pero dentro de sus municipios son «pequeños Macri», remata
