El resultado fiscal de julio expuso las tensiones de la política económica de Javier Milei. El superávit primario fue de $1,7 billones, pero el resultado financiero cerró con un déficit de $168.515 millones, lo que implicó un aumento del 41% en términos reales respecto al mismo mes de 2024.

La diferencia se explicó por los intereses de la deuda, que no forman parte del cálculo primario y que en el mercado definen como “emisión silenciosa”. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, señaló en X: “Dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses. De este modo, en el mes, los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio. Adicionalmente, en el mes de julio se abonó el medio aguinaldo al personal del Sector Público Nacional”.

El Gobierno defendió el superávit como uno de los logros más claros de su gestión y como pilar de todo el plan económico. Sin embargo, los números revelaron otro costado. La base monetaria creció 97% en un año y la deuda flotante trepó a $3,8 billones en junio, más del triple que en mayo. Se trató de pagos postergados que en algún momento deberán cubrirse.

Pese a la recesión, los ingresos del sector público subieron casi un 40% interanual. El salto se apoyó en retenciones con un alza del 106%, derechos de importación con 80%, aportes y contribuciones a la seguridad social con 54%, el impuesto al cheque con 48% y bienes personales con 36%.

El gasto primario alcanzó los $11,3 billones, lo que representó una suba del 35%, menor al ritmo de los ingresos. Sin embargo, la presión de los intereses de la deuda anuló la mejora.

Otro punto relevante fue la expansión de las prestaciones sociales, que crecieron más del 44%. Según el comunicado oficial, se trató de un aumento “producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24”. Quedó pendiente la discusión sobre la actualización jubilatoria que Milei vetó y que el Gobierno todavía evaluaba rechazar.

En cuanto a las remuneraciones del sector público, sumaron $1,7 billones, apenas un 23% más que el año anterior.

El déficit financiero volvió al centro de la escena y expuso la contradicción entre la promesa de “emisión cero” y el peso de los intereses de la deuda.