Por Gonzalo Ruanova, legislador porteño EDE

La democracia es una herramienta para encontrar soluciones a los conflictos que se dan en una sociedad. Parece inconcebible que, hoy en día, cuando uno de los actores del conflicto es el Estado, el accionar del gobierno busque desvalorizar una de las características básicas de la democracia como lo es la participación y la única respuesta política sea volver a utilizar mecanismos característicos de regímenes autoritarios.

Luego de dos años y medio de gestión, Mauricio Macri también tiene su responsabilidad en el deterioro histórico de la educación pública en la Ciudad. Su gestión política es la responsable de no haber puesto en marcha un plan efectivo que mejore las condiciones edilicias de las escuelas públicas y que no se haya realizado la inversión pública presupuestada: de los 422 millones de pesos con los que cuenta la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación para el año 2010 se han ejecutado en los primeros 6 meses de este año un poco más de 32 millones, es decir un 7 %. Mientras que, en publicidad y propaganda ya ha ejecutado más del 75% del total de recursos presupuestados.

La toma de colegios fue la última instancia con la que los alumnos contaron ante la ausencia de respuestas oficiales.

Sin embargo, en lugar de buscar soluciones apelando al diálogo, la reacción del gobierno de Macri fue, ante la participación de estudiantes, padres y docentes en defensa de la educación pública, cuestionar los canales de participación democrática y apelar a la remanida figura del orden.

De este modo se explica que el Ministro de Educación Esteban Bullrich haya decidió pedir los nombres de los alumnos que intervienen en las tomas, además de dar cuenta a la Policía Federal sobre la posible configuración de un delito. Luego de haber presentado un recurso de amparo la justicia desestimó la medida del ministro por ser intolerable la intención de retornar a prácticas propias de regímenes políticos autoritarios.

El compromiso democrático no puede reducirse a participar de las elecciones, sino que implica una manera de gestionar lo público que, en primer lugar respete los mecanismos de participación que son, nada más y nada menos, que los canales con las que las sociedades plantean sus demandas. Pero asimismo implica consolidar un estado intermediador, que ponga en marcha mecanismos de diálogo y que busque soluciones concretas, en vez de intentar acallar las manifestaciones del conflicto.

La participación de los estudiantes por mejorar las condiciones en la que reciben educación no solo es un aporte al sistema educativo, sino que es también un sano ejercicio de educación democrática.

Un gobierno que intenta acallar las voces y las demandas deslegitima su condición de democrático. Asimismo, la disposición del Ministerio de Educación de la Ciudad desnuda la forma de afrontar los conflictos: atacando sus consecuencias y no la causa que los origina.

Si en vez de canalizar el conflicto a través de los canales institucionales y el diálogo, el gobierno recurre a legitimar su rol mediante la figura del orden y el control, lejos estamos de encontrar soluciones democráticas. Porque no sólo puede afectar los derechos básicos a la libertad de expresión o desvalorizar la participación política, sino que centralmente desnuda las ausencias de una gestión que no ha hecho nada para iniciar el camino de la recuperación de la educación pública.