El informe elaborado por el diputado Walter Martello pone de manifiesto “los ínfimos niveles de ejecución presupuestaria en programas destinados a áreas sensibles del servicio penitenciario y del ministerio de Seguridad”. Asimismo, señala que “también existen sobrejecuciones siderales de gastos secundarios”.

De acuerdo con el documento, los distintos programas del Servicio Penitenciario Bonaerense presentan niveles muy bajos de ejecución en casi la totalidad de las partidas para las Unidades penales. “Al 30 de junio del presente año, solamente se había utilizado el 7% de los $50.166.000 asignados a Seguridad Penitenciaria; el 7% de los $4.610.00 del programa de Asistencia y Tratamiento Penitenciario; y el 17% de los $90.101.000 presupuestados para infraestructura edilicia”, según indica el documento.

Asimismo, se explica que como contracara que la “administración de la Jefatura y Subjefatura del SPB, el presupuesto se incrementó, inexplicablemente, en un 634% durante el primer semestre del año, lo que se traduce en un refuerzo de $239.882.861”.

“Esto es escandaloso dado que los organismos de derechos humanos, y hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación están alertando sobre la superpoblación de las comisarías y el colapso de las cárceles. Pese a ello, el gobierno bonaerense retacea fondos en áreas clave como la seguridad de las cárceles y la infraestructura edilicia, que ya de por sí es deplorable. Lo más grave aún que se está inflando gastos que, en la coyuntura actual, resultan totalmente superfluos”, explicó Martello.

En lo que se refiere a las áreas de seguridad, el panorama no es mucho mejor ya que existen distintos programas con una marcada subejecución: Obras para la Seguridad Pública (6,23%), Gastos Especiales (36,19%), Policía Buenos Aires 2 (39,82%), y Formación y Capacitación Policial (42,94%).

Según detalló el legislador, en diálogo exclusivo con LaNoticiaWeb, “en realidad va constituir parte de los fundamentos del proyecto que oportunamente lleguemos a consensuar, más allá de las explicaciones constitucionales o legislativas que uno encuentre, también es importante poner en números la situación para que se entienda cuál es el exceso en que incurre la administración provincial por tener facultades delegadas”.

Además, Martello señaló “hoy por hoy estamos trabajando en la derogación parcial y una nueva redacción del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que es justamente lo que le posibilita este cambio de partidas para limitarlo profundamente y tratar de hacerlo en conjunto con el presupuesto 2011”.

En este sentido, explicó que “lo que estamos haciendo en la comisión es tratando de lograr consenso para establecer una fuerte limitación a este traspaso de partidas y nos da la impresión de que lo vamos a lograr porque en este caso toda la oposición entiende que con este manejo discrecional de los fondos hace falta poner una limitación, nos parece que esto va a ser un despacho favorable en el corto tiempo de la comisión que va a salir conjuntamente con el presupuesto 2011”.

Por último, Martello apuntó a las falencias que esto genera en el área de seguridad “esto explica gran parte de la ineficacia para combatir la inseguridad ya que ni siquiera se está invirtiendo los recursos que fueron presupuestados en áreas claves”. Y concluyó en que “esto demuestra que el famoso paquete de medidas que anunció el gobernador Daniel Scioli, luego del caso Píparo, es un cartón pintado. Está claro que no utilizar el presupuesto asignado es una decisión política, para priorizar otros fines que nada tienen que ver con las preocupaciones de la ciudadanía”.