En el largo discurso pronunciado por la Presidenta ante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso hubo omisiones notorias. No habló de la inflación. No habló del cepo cambiario. No habló del creciente déficit fiscal. No habló de la caída de la actividad industrial. No habló del “acuerdo de precios”. No habló de las demandas salariales. No habló de los conflictos con los docentes. No habló del pago a los jubilados que han ganado juicios y esperan que la Anses cumpla con esas sentencias. No habló de la tragedia de la estación de Once.

La larga perorata presidencial, en la que la palabra “yo” fue dicha ochenta veces, tuvo dos objetivos: el primero, describir un país atravesado por una realidad paradisíaca que no es tal; el otro, el de avanzar en la conformación de un Poder Judicial adicto. En eso consiste la llamada “democratización de la Justicia”. Como siempre hace el kirchnerismo para ocultar las reales intenciones que subyacen en estos proyectos, se toman aspiraciones legítimas y necesarias para avanzar en el sentido opuesto al que se postula.

Un ejemplo de ello es la Ley de Medios. Allí, el oficialismo esgrimió como premisa el loable objetivo de generar mayor pluralismo. La realidad muestra lo contrario: hay más medios en manos de grupos empresariales afines al oficialismo a los que se sostiene con la generosa y discrecional pauta gubernamental que pagamos todos.

Para entender apropiadamente esta cruzada “democratizadora” de la Justicia, hay que remontarse a sus orígenes, que no son lejanos. La fecha clave fue el 7 de diciembre de 2012, es decir, el ya cuasi olvidado 7D, cuando Cristina Fernández de Kirchner enfureció ante fallos que frenaron su propósito de arrasar con Clarín. En esos días, el Gobierno no dejó atropello sin cometer: intrusión del Consejo de la Magistratura por parte del ministro de Justicia, Julio Alak; apriete al juez Raúl Tettamanti para que renunciara a su subrogancia en el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 en el que se ventilaba la disputa por la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios; avasallamiento de ese fuero; descalificaciones a la Corte y la aprobación exprés del per saltum. A partir de allí, comenzó todo este proceso que pivota sobre demandas legítimas acerca de falencias de la Justicia que deben ser enmendadas.

¿Quién puede oponerse a que deje de haber en los ámbitos tribunalicios hijos y entenados? ¿O a que los nombramientos de los jueces se hagan por concursos transparentes? ¿O a que los jueces paguen impuestos como lo hacemos todos los demás ciudadanos? ¿O a acabar con una Justicia corporativa? ¿O a la puesta en vigencia de mecanismos que doten de celeridad a los procesos judiciales? ¿O a la implementación de mecanismos que posibiliten un acceso amplio que permita conocer lo que sucede en ese mundo complejo de la ley y sus interpretaciones?

Sin embargo, la verdad de lo que persigue el Gobierno es opuesta a la de las nobles postulaciones enunciadas por la Presidenta en su discurso. Hay que recordar que este gobierno es señero en desobedecer a la Justicia. Es lo que hizo cuando se negó a reincorporar al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, desalojado intempestivamente de su cargo por Néstor Kirchner cuando era gobernador de esa provincia. Es lo que hace sistemáticamente cuando se niega a cumplir con los fallos de la Corte Suprema a favor de los jubilados. Por otra parte, no debe olvidarse que en varias de las designaciones de nuevos jueces, la Presidenta no dudó en ignorar el orden de mérito establecido por los puntajes obtenidos en los exámenes por cada uno de los aspirantes, con el objeto de nombrar a aquel que le fuera adicto aun cuando su calificación fuera magra.

Tiene razón la Presidenta cuando se queja de cautelares que duran una eternidad. Lo contradictorio es que lo hace cuando las cautelares le son adversas y no cuando le son favorables.

Tiene razón también la Presidenta cuando alerta sobre lo injusto que es que un funcionario sea rehén de causas que nunca se terminan. Lo lamentable es que recién se haya quejado de esto cuando el incriminado es Amado Boudou –el vicepresidente que ella eligió– y no cuando eso mismo les ocurrió y les ocurre a sus adversarios.

Tiene razón Fernández cuando proclama la necesidad de consolidar una Justicia más independiente, tanto del poder económico como del Estado. Lo curioso es que cuando el poder económico demuestra pleitesía con el Gobierno, se le convalida todo y desde el Gobierno se lo protege.

Tiene razón la Presidenta cuando apunta a terminar con los favoritismos hacia los poderosos que pesan a la hora de muchos fallos judiciales. ¿Cómo compatibilizarlo, entonces, con el hecho de que a cargo de la investigación de la escandalosa compra de terrenos fiscales a precio vil hecha por Fernández de Kirchner esté Natalia Mercado, su propia sobrina?

El Consejo de la Magistratura es un órgano que está sometido, no sólo aquí, a un profundo debate. No hay dudas de que su funcionamiento debe ser objeto de una amplia revisión. Son muchos los que, con honestidad, le critican un tufillo corporativo.

Pero la verdad es que lo que le molestó a la Presidenta fue el rechazo por parte de la minoría de María Lorena Gagliardi para ocupar la vacante del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 donde se debía fallar la controversia por los artículos objetados por Clarín. Gagliardi había sido funcionaria en la gestión de Juan Manuel Abal Medina y su veredicto a favor del Gobierno era vox pópuli. Si se hubiese producido esa designación, nada de esta cruzada por la “democratización judicial” habría ocurrido.

Queda claro que el Gobierno busca instalar afanosamente una Justicia adicta. Es lo que hizo el menemismo, al que el kirchnerismo se va pareciendo cada día un poco más.