El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene más de un dolor de cabeza. Uno de ellos tiene que ver con la causa del Correo Argentino. En las últimas horas, según la investigación a cargo del juez Ariel Lijo, se confirmó que el acuerdo que aceptó el gobierno de Cambiemos sobre esta causa era perjudicial para el Estado.

En diciembre del año pasado se habia presentado un informe sobre el acuerdo que aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A saldara su deuda. Lo produjo la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Ese estudio preveía la quita de más del 90% de la deuda en favor del Correo y confirmó lo planteado por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien en aquel momentó impugnó aquel acuerdo por considerarlo «abusivo». A esa conclusión se llegó gracias a la combinación de 126 combinaciones posibles de diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado

La defensa de los imputados plantearon su desacuerdo con el estudio y el juez Lijo trasladó en mayo esos cuestionamientos a la Dajudeco, que la semana pasado envió las respuestas al juzgado. Ratificando lo anterior, sostuvo que la propuesta de pago del Correo hecha en 2016 planteaba la quita del 92%.

En marzo de 2019 fueron imputados varios funcionarios del gobierno de Maurico Macri: el ministro de Comunicaciones y luego de Defensa, Oscar Aguad; el encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Los cuatro negaron haber cometido delito.

Hace unos días, en el juzgado en lo Comercial, Marta Cirulli, a cargo de la causa por el concurso, decretó la quiebra de Correo Argentino S.A., además se dispuso la inhibición general de la compañía y el embargo de todas sus cuentas, y que la firma, “sus apoderados y terceros” entreguen o pongan a disposición del síndico de la compañía “la totalidad de los bienes de la deudora”.

En el 2003, año en el cual el expresidente Néstor Kirchner rescindió el contrato del Estado nacional (su principal acreedor) con el Grupo Macri, la deuda era de 296 millones de pesos. Luego, entre 2003 y 2015 hubo varias propuestas del Correo para saldar la deuda, pero todas fueron rechazadas por el Estado nacional. A su vez, la Dujadeco llegó a la conclusión de que las quitas eran todas mayor al 90%.

El juez Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. La ratificación de los resultados del informe de la Dajudeco que reafirma que el acuerdo nunca homologado fue perjudicial para el Estado, puede acelerar los tiempos en la causa y ampliar la lista de imputados que ya fueron indagados. Macri, por ahora, expectante siguiendo de cerca el proceso en la Justicia.