La semana pasada -luego de largos días de silencio- Mauricio Macri expuso en el foro “Defensa de la Democracia en las Américas”, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID). El clima ideológico del evento favorecía la performance antipopulista.

“La democracia está amenazada en la Argentina por un comportamiento que busca debilitar la independencia del Poder Judicial, violando los derechos humanos”, afirmó Macri.

Macri aprovechó para destacar una movida de dos ex funcionarios amarillos: el exministro de Justicia Germán Garavano y la exembajadora Paula Bertol, quienes presentaron un informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar “el deterioro institucional” y alertar sobre el “avasallamiento del Poder Judicial” en el país. Garavano y Bertol esperan que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le de legitimidad y difunda la denuncia.

Durante su paso fugaz por Miami, Mauricio Macri hizo lobby personalizado sobre Luis Almagro, con quien compartió el panel. También lo hizo con los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Luis Guillermo Solís (Costa Rica) y Osvaldo Hurtado (Ecuador). El cierre del evento estuvo a cargo del presidente saliente de Ecuador Lenín Moreno.

El Instituto Interamericano para la Democracia tiene base en Miami. Es un sello dirigido por dos políticos conservadores y con una trayectoria bastante controversial. Ellos son: un cubano que llegó a alcalde de Miami por el partido republicano, llamado Tomás Pedro Regalado, y el exministro de gobierno y de Defensa boliviano Carlos Sánchez Berzaín. Ambos son portavoces y aliados estratégicos de la derecha estadounidense.

Sánchez Berzaín fue la mano derecha y el ministro más influyente del expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada. Tanto Sánchez Berzaín como Sánchez de Lozada están exiliados en los Estados Unidos. Y ambos recibieron una condena judicial por su responsabilidad en la denominada Masacre de Octubre de 2003, en la que fueron asesinadas más de 60 personas. Se trató de una serie de ejecuciones extrajudiciales, concretadas por los militares bolivianos durante las protestas callejeras de 2003. Sánchez Berzaín era el ministro de Defensa y quien dio la orden de reprimir.

En 2018, un tribunal federal de Fort Lauderdale, al sur de Florida, los señaló como «responsables» de las ejecuciones extrajudiciales. Y los condenó a indemnizar por 10 millones de dólares a familiares de ocho aymaras asesinados. Y el mes pasado, el juez James I. Cohn ratificó la sentencia en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y de su exministro Carlos Sánchez Berzaín por la Masacre de Octubre. Ambos apelarán la decisión.

En los últimos años, el proceso judicial no les impidió convertirse en activistas globales en contra del gobierno de Evo Morales, al que ambos consideraban como un “dictador”.