Tras haber postergado en cuatro oportunidades su presencia ante el magistrado, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se presentó hoy ante los tribunales, en donde declaró “ser ajeno” a las imputaciones por maltrato y amenazas a indigentes en situación de calle que se le atribuye a la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP).

Macri fue indagado por la jueza María Fontbona de Pombo, subrogando a su colega Facundo Cubas, durante algo menos de una hora. Allí negó los cargos y presentó un “escrito técnico” en el que se mencionan las funciones y atribuciones que tenía la hoy disuelta UCEP.

El Jefe de Gobierno defendió además la "validez de los decretos de formación de la UCEP", que constituyen el punto de inicio de la investigación y explicó que era "un organismo preestablecido". Y en línea con esto, sostuvo que su disolución no estuvo vinculada con las denuncias de malos tratos sino con una reforma organizativa en su gobierno.

La indagatoria se realizó luego que el 27 de abril último la Cámara del Crimen, con la firma de los magistrados Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos, ratificase la decisión que ordena su indagatoria, al rechazar los planteos de su defensa y considerar “improcedente” el recurso de apelación con argumentos que ya habían sido desestimados por Cubas. En el sumario, iniciado en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Parada, también están imputados el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y una veintena de ex integrantes de esa cartera.

En la causa, se investigan los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La UCEP fue creada a través del decreto 1232 para "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión" e "intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público".