Por Maximiliano Rusconi
El Estado de derecho de nuestro país vive una de las crisis institucionales y conceptuales más profundas y dañinas que recuerde nuestra accidentada conciencia cívica.
No sabemos si algunos jueces, fiscales, servicios de inteligencia, algunos ministros o el propio Presidente son sujetos que solo no han sabido evitarlo o lejos de ello son quienes han puesto en funcionamiento este virtual estado de sitio low impact.
Por ello, los pequeños destellos de esperanza que mantiene el hombre de a pié dependen de que las elecciones impliquen un cambio político que nos modifique esta realidad esencial.
Flaco favor hacen algunos autoproclamados candidatos a ejercer el poder al debilitar aún más esa esperanza.
De algún lugar el ex ministro de Economía Roberto Lavagna ha sacado la convicción de que en la Argentina no hay presos políticos. Antes de que siga reproduciendo ese diagnóstico más optimista que correcto, pero siempre injustificado normativamente, algún asesor debiera sugerirle dos caminos posibles para salir del error.
Uno es inductivo: leer los expedientes o causas. Como mínimo aquellos procesos por él muy conocidos en los cuales, en esta distribución guiada políticamente, le ha tocado ser testigo. Ya eso alcanzaría.
Pero otro camino, más deductivo, podría recordar el concepto de preso político en la Resolución 1900 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Allí se establecen algunos criterios que podrían ayudar a Lavagna: detención impuesta en violación de una de las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos; o detención impuesta por motivos puramente políticos sin relación con ningún delito; o duración de la detención o sus condiciones manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha; que por motivos políticos, la detención se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas; o, por último, que la detención sea el resultado de un procedimiento claramente irregular y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las autoridades.
No hace falta decir más nada: sólo recordar que, por ejemplo, Julio de Vido ya hace más de 500 días que es un preso político y junto con el sufren este cautiverio inmoral un conjunto de personas que acompañaron a un modelo político e ideológico distinto del que hoy nos gobierna. Que la voz de estas personas se haya pretendido acallar con el encierro no autoriza a las almas del estado de derecho a mirar para otro lado. Hay solo dos lugares para mirar: Marcos Paz y Ezeiza.
Construir un plan de gobierno sobre el ninguneo de las injusticias no es un buen camino.
Maximiliano Rusconi
Profesor Titular de Derecho Penal (UBA derecho).
Defensor de Julio de Vido.
