La causa judicial que analiza el patrimonio de Manuel Adorni puso el foco sobre el movimiento financiero del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti. Los investigadores detectaron consumos con tarjetas de crédito por más de $85 millones durante 2025 y observaron pagos mensuales que, en varios casos, duplicaron o incluso triplicaron los ingresos formales del dirigente libertario.

Los datos surgieron de registros bancarios, información del Banco Central y documentación incorporada al expediente. Según esa reconstrucción, el matrimonio acumuló desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026 consumos por encima de los $176 millones entre tarjetas VISA, Mastercard y American Express.

La Justicia no centró la atención en atrasos o incumplimientos. Por el contrario, el matrimonio mantuvo todas sus cuentas en “Situación 1 – Normal” y canceló los vencimientos sin mora. El interrogante principal pasó por otro lado: cómo logró sostener un volumen de gastos tan elevado con ingresos declarados mucho menores.

Los movimientos bancarios reflejaron casi 200 débitos automáticos para cancelar resúmenes de tarjetas durante esos 28 meses. El dinero salió desde cuentas bancarias en pesos, mientras que otros gastos importantes aparecieron vinculados a dólares en efectivo. Entre ellos figuraron viajes al exterior, operaciones inmobiliarias y refacciones en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá.

La investigación también registró meses con pagos particularmente altos. En agosto de 2024 el matrimonio afrontó vencimientos por $7,5 millones. En mayo de 2025 el monto rondó los $7,1 millones. Meses después aparecieron nuevos picos de $7,5 millones y hasta $9,7 millones.

Para los investigadores, ese esquema de gastos resultó incompatible con el salario bruto que Adorni declaró durante gran parte del período, que permaneció cerca de los $3,5 millones mensuales hasta comienzos de 2026.

Otro punto que despertó sospechas fue el cambio en el perfil de consumo de la pareja. Fuentes ligadas al expediente señalaron que antes del desembarco de Adorni en la Casa Rosada predominaban compras financiadas en cuotas y consumos más modestos. Luego aparecieron gastos en dólares y movimientos asociados a viajes internacionales y propiedades.

Los resúmenes también incorporaron nuevas erogaciones fijas. Entre ellas surgieron pagos mensuales de expensas por cerca de $700.000 vinculados al country donde reside la familia. A eso se sumaron gastos escolares que, según estimaciones de la pesquisa, rondaron los $800.000 por mes y no aparecieron debitados en tarjetas.

La causa detectó además incrementos en los niveles de deuda bancaria. En septiembre de 2025 los saldos del matrimonio superaron los $22 millones y volvieron a ubicarse por encima de los $20 millones hacia diciembre de ese año. Como no figuraron créditos hipotecarios, personales ni prendarios en el sistema financiero formal, los investigadores atribuyeron esos montos al consumo con tarjetas.

En paralelo, el expediente incluyó operaciones valuadas en más de US$400.000 desde la llegada de Adorni al Gobierno. Allí aparecieron refacciones pagadas en efectivo, compras inmobiliarias y viajes a destinos como Nueva York y Aruba. También quedaron registrados compromisos futuros por otros US$335.000 ligados a hipotecas privadas y acuerdos inmobiliarios.

El análisis patrimonial alcanzó también a Bettina Angeletti. Hasta septiembre de 2025 figuró como monotributista y luego se inscribió como autónoma ante ARCA. Ese cambio ocurrió después de un fuerte incremento en sus consumos con tarjeta, que llegaron a $7,8 millones en un solo mes.

Los investigadores remarcaron además una diferencia llamativa entre ambos perfiles financieros. Mientras los consumos registrados de Adorni mostraron una caída en términos reales durante los últimos años, los gastos de Angeletti crecieron de manera sostenida y concentraron buena parte del movimiento económico del grupo familiar.

Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario ya autorizado, la Justicia avanzó ahora sobre el cruce de ingresos, gastos y evolución patrimonial del matrimonio para determinar si existió un desfasaje injustificado entre el dinero declarado y el nivel de vida que reflejaron los registros financieros.