El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma laboral que alteró pilares centrales del sistema argentino. La propuesta surgió del Consejo de Mayo y reunió a funcionarios, legisladores, empresarios y dirigentes sindicales. La CGT expresó rechazo y advirtió que el texto apuntó contra derechos históricos. El oficialismo defendió el plan y aseguró que buscó un esquema moderno que impulsara empleo formal en el sector privado.

El proyecto colocó su foco en vacaciones, despidos, aportes patronales, delegados gremiales y convenios colectivos. También introdujo un nuevo régimen para repartidores de plataformas y un esquema de incentivos a la formalización.

El capítulo de vacaciones mantuvo los mínimos que fija la Ley de Contrato de Trabajo, pero habilitó su división en tramos no inferiores a siete días. El Gobierno señaló que esa opción ofreció flexibilidad, siempre que empleador y empleado respetaran el período legal entre octubre y abril. El texto además exigió notificación por escrito con treinta días de anticipación.

En materia de jornada laboral, el proyecto permitió pactos para extenderla hasta doce horas diarias si se cumplía el descanso de doce horas entre turnos. También autorizó la creación de un “banco de horas”, herramienta que reemplazó el pago de horas extra por días compensatorios y facilitó el recálculo del tiempo trabajado bajo controles acordados por escrito.

Las indemnizaciones y los despidos ocuparon otro eje fuerte. El esquema redefinió la base de cálculo, excluyó conceptos como vacaciones, aguinaldo o premios y abrió la posibilidad del pago en cuotas para pymes. La iniciativa sostuvo que, en despidos sin causa, el monto debía equivaler a un mes de sueldo por cada año de antigüedad. El proyecto además incorporó Fondos de Asistencia Laboral, financiados por empresas con un aporte del 3% de la masa salarial. Esos fondos cubrirían desvinculaciones y funcionarían bajo supervisión financiera.

La propuesta avanzó sobre salarios y precisó qué integró la remuneración principal. El texto incluyó pagos en moneda extranjera, sumas en especie y la figura del “salario dinámico”, asociado a productividad o mérito individual. Sectores sindicales criticaron esa figura y alertaron que podía perforar pisos salariales de convenio.

Otro punto sensible fue el capítulo sindical. El proyecto indicó que las empresas ya no tendrían obligación de retener la cuota de afiliación sin autorización expresa del trabajador. También redujo a diez horas mensuales el crédito horario de los delegados y prohibió que las asambleas se hicieran sin aviso previo. El texto consideró “infracciones muy graves” los bloqueos y las tomas de establecimientos.

En el plano de los convenios colectivos, el Gobierno eliminó la ultraactividad y determinó que, tras su vencimiento, las cláusulas obligacionales perdieran vigencia. La Secretaría de Trabajo obtuvo facultades para suspender disposiciones que generaran distorsiones económicas. El proyecto afirmó que los convenios de ámbito menor prevalecieron sobre los de escala más amplia, lo que fortaleció los acuerdos por empresa.

En materia de conflictos, la propuesta amplió la definición de “actividades de importancia trascendental”, categoría que fijó porcentajes elevados de servicios mínimos en sectores como salud, educación, logística, energía, transporte o comercio digital. El Gobierno sostuvo que ese criterio buscó garantizar continuidad ante huelgas en áreas críticas.

El texto también creó regímenes específicos. El más relevante para el trabajo digital fue el destinado a repartidores y mensajerías, que exigió registro en ARCA, aportes obligatorios, cobertura social y habilitación para rechazar pedidos o reclamar por bloqueos. Para el empleo doméstico y el agrario, el proyecto extendió períodos de prueba y formalizó pagos electrónicos, descansos y obligaciones patronales.

El capítulo impositivo acompañó la reforma. El proyecto redujo contribuciones patronales al sistema de obras sociales y de seguridad social. La baja alcanzó tanto a empresas grandes como pymes. El Gobierno defendió esos cambios y aseguró que alentaron nuevas contrataciones. La iniciativa incluyó modificaciones en Ganancias y fijó rebajas en alícuotas empresarias. También creó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, pensado para proyectos productivos con montos mínimos en dólares.

Con este paquete, el oficialismo buscó una reconfiguración integral del mercado laboral. La oposición discutió alcances y efectos. El debate en el Congreso definirá si la reforma transforma de manera estructural las relaciones entre empresas, sindicatos y trabajadores, o si queda como un nuevo capítulo de una discusión histórica sobre el sistema laboral argentino.