Por Hugo Alconada Mon
Las investigaciones judiciales derivadas de los cuadernos de las coimas recién dan sus primeros pasos. Pero queda claro, ya, cuál será el camino que intentarán recorrer los empresarios: dar ante la Justicia una versión edulcorada de la historia que los proteja, reduzca al mínimo su estancia en prisión y que les permita conservar, en lo posible, sus negocios con el Estado.
Esa senda es la que ya empezaron a recorrer el ex presidente de Isolux Corsan en la Argentina, Juan Carlos de Goycoechea, el otrora dueño de Iecsa Angelo Calcaterra y su mano derecha en esa constructora, Javier Sánchez Caballero, los primeros empresarios de primer nivel de la Argentina que se acogieron a la figura del arrepentido.
¿Por qué? Porque calcularon que de reafirmar su inocencia, la Justicia podía hallarlos culpables del delito de cohecho activo, que prevé una pena máxima de seis años de prisión. Es decir, de cumplimiento efectivo.
Pero no solo eso. Porque a esa primera figura del Código Penal podrían sumarse otras, a medida que la Justicia avanzara, algo por demás factible si otros empresarios se daban vuelta y colaboraban con los investigadores judiciales. Es decir, tal y como ocurre en el Lava Jato brasileño. El primero que confiesa, gana.
En ese contexto, De Goycoechea, Calcaterra y Sánchez Caballero decidieron tomar ellos la iniciativa y dar su propia versión de los hechos al juez federal Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli , una versión en la que ellos no eran partícipes activos del delito, sino sus víctimas.
¿Qué implica eso? Que en el mundo ideal, esos empresarios -y los que puedan sumarse a partir de ahora- se ilusionan con que la Justicia avance por la figura de «exacciones ilegales» previstas en los artículos 266 y siguientes del Código Penal.
¿Qué establecen esos artículos? Una pena de hasta seis años para «el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva». Pero ubica en el rol de víctima, sin pena alguna, para aquel que pagó o entregó esa dádiva. En este caso, de Goycoechea y Calcaterra.
La jugada de victimizarse les ofrecería a los empresarios dos posibles beneficios adicionales. El primero, callar sobre la cartelización de la obra pública, con los consiguientes perjuicios multimillonarios para las arcas públicas, es decir, los impuestos de los contribuyentes. El segundo, acaso bloquear de algún modo las evidencias comprometedoras del Lava Jato, sobre varios de esos mismos empresarios, que llegará de Brasil tras la firma del demorado acuerdo de cooperación entre los fiscales de ambos países.
Sin embargo, la estrategia de De Goycoechea, de Calcaterra y de Sánchez Caballero -y de los empresarios que puedan seguirlos-, afronta algunos obstáculos. El primero, que de los cuadernos queda claro que no todo el dinero se destinó a financiar en negro campañas electorales. Entre otros motivos porque la recaudación ilegal también ocurrió durante los años pares, cuando las urnas permanecen guardadas. El segundo, porque la información que Brasil enviará a la Argentina mostrará a varios de esos empresarios en un rol activo.
Eso ocurrió, por ejemplo, Sánchez Caballero, quien esta mañana también solicitó a la Justicia ser aceptado como el cuarto «imputado colaborador» de la pesquisa, detrás del chofer Oscar Centeno, De Goycoechea y su ex jefe, Calcaterra.
Pero Sánchez Caballero la tendrá más difícil que los ex líderes de Isolux e Iecsa. ¿Por qué? Porque los delatores brasileños, como el ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, lo identificaron como la voz cantante para las «propinas» en el proyecto por el tren Sarmiento.
Peor aún se presenta el panorama para el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. Según los ex ejecutivos de Odebrecht, Wagner les comunicó con qué empresas debían asociarse para ganar negocios en el país y que él les diría a quién pagarle, cuándo pagarle y cuánto pagarle por cada obra pública.
Nada que, en suma, debiera llamar demasiado la atención. Al fin y al cabo, Lázaro Báez , ya detenido, reclamó que la Justicia extendiera su investigación al resto de los empresarios que participó en la obra pública durante el kirchnerismo. La Cámara de la Construcción, dijo, «participó en la fijación de los presupuestos de cada una de las obras que se ejecutaron».
