Las diferencias entre el oficialismo y la oposición, sumada a la debilidad parlamentaria del Gobierno, generó que el Congreso todavía tenga nombramientos pendientes en distintos organismos: desde los cargos vacantes en la Corte Suprema hasta los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y más de 140 pliegos judiciales que nunca se enviaron.

A la AGN, cuyos auditores ya tienen el mandato vencido, se suman los pliegos de jueces y fiscales que el Ejecutivo anunció en distintas ocasiones y nunca envió. También siguen sin resolverse las designaciones del defensor del Pueblo -vacante hace 16 años-, y de la defensora del Niño, cuya ratificación en el Senado sigue pendiente.

El reciente gesto del kirchnerismo, que firmó en disidencia parcial el proyecto oficialista de modificación de la Ley de DNU, despertó especulaciones en la oposición dialoguista, que no tardó en señalar que el Gobierno estaría negociando acuerdos con el bloque K en esas designaciones que aún están pendientes.

 

Durante los últimos dos años, por la falta de consenso, el Congreso postergó varias designaciones que requieren su aval. Cristina Fernández de Kirchner habría ordenado retomar conversaciones para cubrir las vacantes de la Corte y definir al nuevo jefe de los fiscales.

En el oficialismo admiten que las prioridades son el Presupuesto 2026 y las reformas económicas, por lo que estos temas podrían quedar fuera de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Sin embargo, en el Congreso reconocen que todas las discusiones están interconectadas.

El kirchnerismo mantiene su principal interés en el terreno judicial. Tras el fracaso de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte, el Gobierno no volvió a proponer candidatos. En el Senado, el aliado Juan Carlos Romero impulsó un proyecto para ampliar el máximo tribunal, apoyado por el bloque K, aunque sin impulso del Ejecutivo la iniciativa se estancó.

Desde Unión por la Patria consideraban «atinado» pasar de cinco a siete jueces, pero exigían que al menos tres sean mujeres, mencionando como posibles candidatas a María de los Ángeles Sacnun y a Anabel Fernández Sagasti.

La situación de la AGN marca que los seis auditores tienen el mandato vencido y no hay reemplazos designados. Un intento de destrabar el conflicto vino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien presentó un proyecto para ampliar el organismo, pero el debate quedó frenado en comisión. Mientras tanto, Diputados ya aprobó la designación de María Paz Bertero como nueva defensora del Niño, aunque su nombramiento todavía debe ser ratificado por el Senado.

Esta semana, la bicameral encargada de la Defensoría del Pueblo volvió a reunirse tras entrevistar a 39 postulantes, pero decidió pasar a un cuarto intermedio, prolongando así la lista de nombramientos en espera que el Congreso deberá enfrentar en los próximos meses.