Por las causas judiciales que recaen sobre la ex Presidenta, desde esta semana Máximo y Florencia tienen todas sus propiedades embargadas. Sus cuentas están congeladas, algunas de sus empresas están intervenidas y otras tienen veedores judiciales y deudas con la AFIP. Todos los bienes embargados quedarán a disposición del organismo de bienes del Estado y se les podría dar un “fin social”, señalaron fuentes judiciales.

A comienzos de este año Cristina, Máximo y Florencia Kirchner fueron procesados por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces. Allí, el juez Claudio Bonadio les trabó un embargo de 130 millones de pesos para la ex mandataria y el diputado nacional, y de 100 millones a Florencia.

A su vez, la empresa Los Sauces está intervenida hasta diciembre de este año. Máximo Kirchner perdió el poder de administración de la firma familiar, como también el del Condominio que nuclea los bienes heredados por Néstor Kirchner y la porción cedida por la ex Presidenta a sus hijos el año pasado.

En cambio, Hotesur -firma dueña del hotel Alto Calafate y el hotel Las Dunas- sólo cuentan con veedores judiciales: todo movimiento contable se rinde ante el juzgado, pero la familia Kirchner sigue teniendo el poder de administración.

Esta semana, el juez Julián Ercolini, que procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, afectó todas las propiedades de la familia Kirchner al embargo de 10.000 millones de pesosordenado en esta causa.

Con esta medida todas sus propiedades quedaron oficialmente embargadas: a la ex Presidenta le embargaron tres cuentas abiertas en el Banco Galicia, su residencia de El Calafate y la participación accionaria en Los Sauces, CoMa SA y Hotesur.

El juez decidió afectar al embargo 25 inmuebles que fueron heredados por Néstor Kirchner, entre ellos el departamento de Recoleta y el que usa Florencia Kirchner, entre otros. Según fuentes judiciales, tanto los inmuebles como el vehículo Honda CRV “se van a secuestrar y se los pondrá a disposición del organismo de bienes del Estado, para que se los conserve y eventualmente se les dé un uso útil y cuidado”.

El escenario es poco promisorio. Los hijos de Cristina tienen su herencia embargada y sus empresas bajo control judicial. Florencia no percibe su salario como gerente de Los Sauces. Mientras, la AFIP reclama que los hijos de la senadora paguen una deuda de 780.000 pesos, y como aún sigue sin saldarse, les embargaron una cuenta bancaria.