La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de las 114 personas detenidas durante la manifestación en el Congreso en defensa de los jubilados. Su decisión se basó en la necesidad de proteger derechos fundamentales como la protesta y la libertad de expresión, principios esenciales en una democracia. Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, destacó la importancia de considerar el contexto social en el que se desarrolló la marcha.

«He analizado la información brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión», sostuvo en su resolución. Agregó que se trató de una convocatoria impulsada por sectores vulnerables, en este caso, los adultos mayores, y que el Poder Judicial debía atender especialmente este aspecto.

En su argumentación, Andrade explicó que la situación presentada no justificaba la aplicación del trámite de flagrancia, lo que impedía la continuidad de las detenciones. «La complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos», sentenció la magistrada.

Desde el Gobierno Nacional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la decisión judicial y pidió mayor dureza en la aplicación de la ley. «Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera. Es muy difícil combatir la violencia organizada», afirmó. Su declaración reflejó el desacuerdo del Ejecutivo con la medida y la intención de endurecer las políticas represivas.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad intentó justificar el accionar de las fuerzas de seguridad con argumentos centrados en los incidentes que se registraron durante la manifestación. Atribuyeron los hechos a grupos violentos y denunciaron daños en patrulleros y mobiliario urbano. Sin embargo, no hicieron ninguna referencia a la represión ejercida contra manifestantes pacíficos ni a la vulneración del derecho a la protesta.

El operativo desplegado en el Congreso volvió a poner en evidencia la estrategia del oficialismo para deslegitimar cualquier expresión de descontento social. En lugar de garantizar el derecho a manifestarse, el Gobierno optó por reprimir y criminalizar la protesta. La decisión de la jueza Andrade se enmarca en la necesidad de respetar garantías constitucionales que el Ejecutivo parece dispuesto a pasar por alto en su afán de imponer una respuesta autoritaria ante el conflicto social.