El Muro de la Vergüenza, ideado por el Intendente Gustavo Posse para resolver la inseguridad en San Isidro, no tiene fundamento teórico, ni técnico, ni mucho menos filosófico, para alcanzar una solución estructural al conflicto, ni tampoco morigerar el crecimiento del delito. Esa iniciativa solamente tiende a crispar los ánimos, a dividir la comunidad y debilitar la integración.

Sin embargo, pensar las políticas públicas a través del lente de los intereses políticos de turno o solo por marketing electoral -como entiendo que sucedió en este caso- nos lleva a debilitar la maltrecha calidad institucional, a disminuir las expectativas de desarrollo, y en especial, a profundizar el descreimiento en la actividad política entendida como capacidad transformadora.

A más de tres meses, y luego del proceso electoral de días pasados, podemos concluir sin temor que El Muro fue solo una operación política electoral instalada en la opinión pública por el Intendente Posse con claros objetivos: por un lado, la intención desesperada de “despegarse” del gobierno nacional y provincial, con los que resultó electo en la misma boleta hace apenas un año, mientras que, por el otro lado, buscó posicionarse ante la comunidad de San Isidro como el “paladín” de la seguridad, subestimando la capacidad de sus vecinos para comprender la flaqueza de la “pared” como política.

A lo largo de nuestra historia, los “muros” han sido marcas que penetraron comunidades absorbidas por el desprecio por los derechos humanos y la intolerancia de gobiernos autoritarios y despóticos. Los vecinos de San Isidro no merecemos aparecer en los periódicos del mundo entero para sumarnos a una nueva actitud oportunista que pretende recordar la Edad Media. Al individualismo que fragmenta, fracciona y divide la sociedad, debemos oponerle los valores de una comunidad justa, solidaria, integrada y equitativa.

Enfrentar el complejo fenómeno de la inseguridad que se vive en el conurbano requiere atacar varios frentes en conjunto. Por un lado, establecer pautas de cumplimiento efectivo en materia de políticas de prevención -con criterios de evaluación permanentes-, que incluyen mejorar la salud, la educación y el trabajo de los argentinos. Pero además, incluye una segunda instancia, que exige gran celeridad, que refiere a las políticas “procesales” u operativas en cuanto a la contención del delito. En este punto, más que un Muro, la incorporación de tecnología aplicada al mapa actualizado del delito, el GPS y el monitoreo de zonas conflictivas, la permanente coordinación de las Fuerzas de Seguridad públicas y privadas, sumado a la complentariedad entre los distintos municipios y jurisdicciones pueden aportar un sentido para orientar la acción de gobierno.

Por Sebastián Galmarini