En medio de la semana decisiva que afronta el oficialismo en el Senado por la reforma laboral, el Gobierno activó una jugada paralela con impacto directo en el fuero del trabajo. A través del Decreto 95/2026, dispuso que desde este lunes el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quede habilitado para firmar acuerdos vinculados al traspaso de la Justicia del Trabajo desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión se conoció a poco más de un mes y medio de que el oficialismo lograra un dictamen de mayoría que avala la iniciativa y en el inicio de una etapa clave en la Cámara alta, donde ya está convocada una sesión para el miércoles próximo desde las 11.

En ese marco, este lunes Patricia Bullrich mantuvo reuniones en el Senado con legisladores dialoguistas, un sector que concentra los apoyos determinantes para inclinar la balanza entre un triunfo o una derrota del proyecto. En paralelo, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes para terminar de definir cómo resolver el capítulo fiscal del texto, que genera resistencias entre algunos gobernadores y también dentro de la oposición.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, el encuentro del martes se realizará en las oficinas de Manuel Adorni y contará con la presencia de Patricia Bullrich, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Economía Luis Caputo. La participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, permanece en duda debido a compromisos previstos para esa jornada.

En la Casa Rosada transmiten optimismo sobre el resultado parlamentario y, en ese clima, avanzaron con la decisión de delegar en Adorni la capacidad formal para negociar el traspaso de la Justicia Laboral a CABA.

A partir de ahora, el decreto establece que será responsabilidad del jefe de Gabinete negociar y cerrar el acuerdo de transferencia de competencias con las autoridades porteñas. Además, se fija que, una vez firmado el convenio principal, podrán incorporarse adendas o acuerdos complementarios sin necesidad de un nuevo decreto presidencial.

La discusión, sin embargo, excede la letra del Decreto 95/2026. El núcleo del conflicto es quién concentra el control real sobre los tribunales laborales con sede en la Ciudad. Se trata de una disputa que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando Buenos Aires obtuvo autonomía y la potestad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta hoy, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo permanece bajo administración nacional, con juzgados y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego “Bazán”, ya advirtió que ese esquema no debería ser permanente y sostuvo que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.

En esa misma línea, el máximo tribunal consideró que sostener el modelo actual implica “un inmovilismo” que choca con la autonomía porteña y debilita el mandato constitucional. También advirtió sobre la existencia de “graves consecuencias de distinta índole” si el traspaso no se concreta.

La disputa volvió a ganar fuerza en los últimos años con la sanción en la Legislatura porteña de la Ley 6.789, que reorganiza la justicia laboral local, y la Ley 6.790, que crea un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de ese paquete normativo, la Ciudad avanzó con la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia. La estructura quedó montada, pero el inicio efectivo del sistema quedó frenado por una batalla judicial.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional impulsó una acción para bloquear la puesta en marcha de esas leyes, al considerar que CABA no podía avanzar de manera unilateral sin cerrar previamente un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: hasta que no exista un entendimiento formal entre ambas jurisdicciones, las normas porteñas no pueden aplicarse.

En su resolución, la Cámara sostuvo que el proceso debe realizarse mediante un traspaso “racional” y consensuado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, señaló el fallo, que seguirá vigente hasta una sentencia definitiva o hasta que se concrete el convenio.

Desde la Presidencia de la Nación justificaron el decreto de este lunes apoyándose en esas mismas decisiones judiciales. Señalaron que, precisamente, lo que falta es un acuerdo concreto con la Ciudad, y que el paso previo imprescindible es habilitar al jefe de Gabinete para representar al Ejecutivo en la negociación. Una vez alcanzado el entendimiento, el texto deberá ser enviado al Congreso de la Nación para su aprobación final.

En la fundamentación oficial, el Poder Ejecutivo argumenta que la medida se encuentra dentro de sus atribuciones constitucionales y recuerda que el Presidente tiene la facultad de delegar funciones en el jefe de Gabinete.

De todos modos, el decreto no implica un traspaso automático de la Justicia Laboral al control porteño. Lo que hace es fijar el marco institucional para que el proceso pueda iniciarse con respaldo político y formal, sin avanzar por fuera de los mecanismos previstos.

La discusión también arrastra consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un eventual traspaso modificaría el fuero en el que se tramitan los conflictos laborales en la Ciudad y obligaría a definir qué causas continúan bajo jurisdicción nacional y cuáles pasan a la órbita local. En paralelo, el Gobierno porteño ya avanzó con designaciones y con la estructura organizativa, y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluso abrió concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.