El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas de protección a favor de Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la firma aérea JAG Executive Aviation, en el marco de la investigación por el vuelo que trasladó a Manuel Adorni a Punta del Este. La decisión apuntó a frenar presuntas presiones sobre una testigo considerada central en la causa.

La resolución se conoció luego de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita. El funcionario intervino tras la denuncia de la mujer, quien señaló a Marcelo Grandio, cercano al jefe de Gabinete, por hostigamiento y contactos reiterados.

El magistrado dispuso una prohibición de contacto total. Grandio no podrá comunicarse con Tossi por ningún medio. La orden incluyó llamados, mensajes y cualquier tipo de intermediación. También fijó una restricción de acercamiento a su domicilio, lugar de trabajo y espacios habituales.

El episodio que encendió las alarmas ocurrió durante la propia declaración testimonial. Según expuso la fiscalía, mientras la mujer relató detalles del vuelo ante Pollicita, recibió múltiples llamados y mensajes. Para los investigadores, ese accionar tuvo un objetivo claro: condicionar su testimonio.

Tossi sostuvo que esas comunicaciones se sumaron a una carta documento previa con tono intimidatorio. En su declaración también afirmó que Grandio pagó el vuelo y que habría pedido que no se emitiera factura por el servicio.

Frente a este cuadro, el fiscal impulsó una investigación paralela. El foco quedó puesto en posibles delitos de amenazas y coacción. En su dictamen, Pollicita advirtió que los hechos no se limitaron a una incomodidad personal. Señaló que existieron indicios concretos de presión sobre una fuente de prueba clave.

El representante del Ministerio Público argumentó que la seguidilla de contactos y la interrupción de la audiencia mostraron un riesgo real. Por ese motivo, solicitó medidas inmediatas para garantizar la libertad de declaración y la estabilidad de la testigo.

Lijo acompañó ese planteo. Además, ordenó extraer copias de la declaración de Tossi y de la documentación que aportó. Ese material se utilizará para avanzar en la investigación de las presiones denunciadas.

La resolución dejó en claro que el objetivo no fue sancionar de forma anticipada, sino resguardar a la testigo y proteger la validez del proceso. En ese marco, la Justicia buscó asegurar que la causa sobre el uso de servicios aéreos privados por parte de funcionarios avance sin interferencias.